La campa está cerrada desde el pasado 29 de septiembre. Así las cosas, la organización ecologista Eguzki valora positivamente dicha medida cautelar adoptada por parte del Ayuntamiento. «La situación de impunidad de esta instalación situada fuera de la ley en el barrio oiartzuarra de Gurutze-Arkale, y cuyo titular es la Federación de Caza de Gipuzkoa, ha sido denunciada reiteradamente por el movimiento ecologista», recuerdan.
El Ayuntamiento imputa a la Federación de Caza la necesidad de evaluar una cuestión ambiental denunciada por la organización Eguzki: deberá analizar la contaminación del suelo en relación, sobre todo, a la presencia de altas concentraciones de metales pesados como el plomo.
Sin embargo, Eguzki lamenta en una nota que el Ayuntamiento de Oiartzun no haya respondido a uno de los argumentos más importantes de sus alegaciones: el ruido. «A nuestro entender, de aplicarse correctamente la normativa sobre contaminación acústica de 2012, este campo de tiro no tendría la menor oportunidad de ser legalizado», aseguran.
«El lobby cinegético nos tiene acostumbrados a su actividad corporativista e impune contraria al medio ambiente: puestos de caza ilegales, furtivismo, falta de seguridad en montañas y collados, muerte por disparo de especies amenazadas, posición contraria a la creación de áreas protegidas, leyes hechas a medida, infiltración en políticos y organismos públicos responsables de gestionar la biodiversidad, etc.», denuncian.
Recuerdan que «las importantes afecciones ambientales y sociales de este tipo de instalaciones» al aire libre ya conllevaron en su día el cierre de los campos de tiro al aire libre de Ulia (Donostia) o Listorreta (Errenteria). «Así, las molestias permanentes por ruidos, la acumulación de importantes concentraciones de plomo y otros metales pesados en suelos rurales y la consiguiente polución en ríos y regatas ya son motivos suficientes para el cierre de estas actividades», subrayan desde Eguzki.
Y denuncian que, en el caso de Oiartzun, «el carácter clandestino e ilegal del campo de tiro de Arkale refuerza la denuncia de impunidad del lobby de la caza». «Otra vez intereses privados por encima de los públicos», concluyen.
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