Portugal abre una investigación por una montería donde cazadores españoles abatieron 540 animales cercados
El ministro de Ambiente luso lo califica de «acto vil e inaceptable» y el alcalde de Azambuja cree que fue una «masacre» y un «crimen ambiental»
Una montería organizada el pasado fin de semana en una finca del municipio luso de Azambuja -a unos 40 kilómetros de Lisboa- en la que fueron abatidos más de 540 animales (la mayoría venados y jabalíes) por parte de 16 cazadores españoles ha generado una enorme indignación en Portugal, a lo que se han sumado fuertes críticas de partidos políticos, autoridades locales y asociaciones ecologistas del país. Todo ello ha desembocado en la apertura oficial de una investigación por parte del Gobierno luso para conocer las circunstancias en la que se desarrolló este polémico acto cinegético. La montería se realizó el 17 y 18 de diciembre y el Ejecutivo luso ya ha anunciado la suspensión inmediata de licencia de caza en la zona.
La polémica ha surgido después de que alguno de los cazadores compartiesen en redes sociales fotografías de la montería, desarrollada en la finca Torre de Bela exhibiendo así sus trofeos de una montería que algunos han llegado a calificar como de «récord» debido al alto número de ejemplares abatidos. Esos cazadores que participaron pertenecerían al club Monteros de la Cabra, de Badajoz.
El ICNF (Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques) -organismo responsable el sector cinegético en Portugal- ha informado de que no tuvo conocimiento previo del acto cinegético, que se realizó en un área clasificada como «zona de caza turística», y ha iniciado una investigación para comprobar si se ha incumplido la ley. La tormenta política también se ha desatado, con calificativos como «masacre» o»crimen ambiental», según ha denunciado el teniente de alcalde de la localidad de Azambuja, el socialista Silvino Lúcio, quien denunció, según informa Efe, que la finca donde se realizó estaba acotada y, como consecuencia de ello, «los animales no tenían donde huir». El ministro de Ambiente y Acción Climática, Joao Pedro Matos Fernández, calificó de acto «vil e inaceptable» y está convencido de que han cometido un «delito ambiental», por lo que enviará una queja al Ministerio Público para que se investigue la existencia del delito «contra la preservación de la fauna a los propietarios, los organizadores y los cazadores».
COTO CERCADO
En España, la denominación de ‘zona de caza turística’ se asimila a la categoría de ‘coto cercado’ y hace referencia en nuestro país a fincas de más de 1.000 hectáreas que, a través de mallas cinegéticas reglamentarias, impiden la salida y entrada de los animales. Se trata de monterías de alto standing y donde los ejemplares son de gran pureza genética. En Extremadura, sólo existe un 5% de los cotos reservados de esta clasificación, y donde se llegan a pagar cantidades muy altas para participar en dichas monterías. También es muy elevado el precio del mantenimiento de la finca.
En el caso de la montería de Azambuja, según los expertos consultados por EL MUNDO, las imágenes de que se han mostrado en redes sociales pertenecen a su mayoría a hembras y también a ejemplares defectuosos. También la finca -al tener la clasificación de caza turística’ habría estado cercada para impedir la salida al exterior de los animales.
Al parecer, la idea de esta polémica cacería habría surgido porque en esos terrenos donde se desarrolló está previsto instalar una central fotovoltaica, en concreto, en una parcela de 765 hectáreas. De hecho, el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra actualmente en fase de consulta pública. Mientras se resuelven estos trámites, el propietario de la finca habría organizado una última montería, de grandes proporciones con la intención de terminar con la vida de todos los animales cinegéticos de la finca para poder traspasarla sin ningún ejemplar en ella. Se trataría, por tanto, de un vacío cinegético antes del cambio de uso de los terrenos.
Hasta que eso ocurra, la concesión para la caza en esos terrenos prevé «la explotación del venado y del jabalí», también a través de monterías, aunque debido al elevado número de animales supuestamente abatidos -más de 500-, el ICNF investigará lo ocurrido.
El Ayuntamiento de Azambuja también afirma que no recibió ninguna información oficial sobre la montería, que no precisa de autorización municipal, y ha pedido al ICNF y al Ministerio de Agricultura que verifiquen si hubo ilegalidades. Mientras, el partido animalista PAN – con tres diputados en el Parlamento-, que la calificó de «matanza» y aseguró que va a exigir responsabilidades a las autoridades competentes.
José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza (una de las más importantes de España por el volumen de asociados) aseguró que no tiene ninguna relación personal ni profesional con los cazadores a los que se les atribuye que participaron en esta montería y que no son socios de dicha federación. «Dan una imagen falsa y distorsionada de lo que representa la caza y los cazadores en la actualidad», asegura con rotundidad mientras lamenta que las imágenes de dicha montería hayan trascendido de forma pública, dañando así al sector y a la inmensa mayoría de personas que practican la caza.
«Bajo un principio de legalidad, y de titularidad privada, no se puede confundir esa imagen con la del sector, que es ejemplar en el cuidado de la caza en libertad y el cuidado medioambiental y sostenible; nosotros promovemos -continúa- una caza ética, donde el animal está en libertad, y donde el cazador no tenga por encima de la pieza una ventaja excesiva», corrobora.
Fuente. elmundo.es