El PSPV-PSOE y el sindicato UGT
han calificado el proyecto de
modificación de la Ley de Montes como
«la mayor agresión ambiental de
los últimos años» y han
anunciado la presentación de una
proposición no de ley a Les Corts con
la intención de frenar la
tramitación del nuevo texto.
Según han explicado en rueda de
prensa el portavoz socialista de Medio
Ambiente Francesc Signes y el responsable de
Medio Ambiente en el sector de
administración autonómica del
FSP-UGT PV, Javier Redomero, la propuesta
que se presentará en Les Corts
será una adaptación de la que
ya presentó el PSOE en el
Congreso.
Con respecto a la actual
legislación, Signes ha indicado que la
modificación de la Ley de Montes
implica una desregulación que
redundará en la desprotección
del medio natural.
En concreto, ha criticado la pérdida
de la condición de policía
judicial de los agentes forestales y su paso a la
categoría de auxiliar porque pierden
permisos para la investigación y
persecución de delitos ambientales y
repercute de forma negativa sobre su
seguridad.
Redomero ha hecho alusión a la
falta de material e identificaciones
proporcionadas a los agentes forestales y ha
recordado las agresiones de los paranyers de
Càlig (Castellón) a agentes en
octubre del pasado año al confundirlos
con ladrones.
Por otro lado, el secretario general del
Sindicato de Agentes Forestales y
Medioambientales del FSP-UGT, Rubén
Paz, ha explicado que la modificación
de esta ley podría dar lugar a la
eliminación de los planes de
gestión de los terrenos forestales, que
recogen los usos y aprovechamientos a realizar
en un monte.
Además, ha indicado que tan solo
un 5 % de los montes clasificados como
públicos tienen planes de
gestión, y ha expresado su
preocupación por la
«mercantilización absoluta» de los
mismos si no se detiene la reforma.
Asimismo, Paz ha explicado que la ley
vigente hasta el momento obliga a realizar
planes de gestión para todos los
montes privados, y que por lo tanto estos
espacios podrían quedar sin
planificación tras la reforma.
También ha hecho referencia a la
eliminación de la prohibición de
la recalificación de montes
públicos afectados por incendios que
contempla la reforma legal, frente a la
prohibición actual de cualquier cambio
de clasificación de suelo quemado
hasta pasados los 30 años.
Por último, se ha criticado la
regulación estatal en lugar de
autonómica de las licencias de caza,
por mermar la recaudación y provocar
la «elitización» de esta práctica.
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