El juicio por la muerte en una
caja trampa del lince «Grazalema», ocurrido en
2011 en una finca de caza de Castellar de
Santiago (Ciudad Real), ha quedado visto para
sentencia después de que se haya
celebrado la vista oral en la Audiencia
Provincial de Ciudad Real.
J.J.M.T., administrador y titular
único de Adin Inversiones, que
gestionaba el coto intensivo de caza en el que
murió «Grazalema», ha sido juzgado
por un delito contra la fauna y la
acusación particular, que ha ejercido
Ecologistas en Acción, ha pedido una
pena de dos años de prisión,
cuatro años de inhabilitación
para la caza y una multa de 180.000
euros.
El ministerio fiscal y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, que
también han ejercido la
acusación particular, han pedido en
ambos casos 90.000 euros de multa.
Durante el juicio, el argumento
fundamental de la defensa se ha centrado en
intentar hacer ver que en el caso de la muerte
de ‘Grazalema» no ha existido dolo ni
intencionalidad.
Por eso, el acusado ha mantenido que no
conocía la legislación ambiental
del momento, que no conocía el plan
técnico de caza y que
desconocía la presencia de un lince por
la zona, por lo que no podía poner
medios para evitar su muerte.
J.J.M.T ha sostenido durante el juicio que
por la zona, además, nunca
habían visto ningún lince y que
el día en que murió
«Grazalema» hacía mucho calor.
En cualquier caso, ha mantenido que las
cajas trampa, que estaban colocadas porque el
anterior plan técnico de caza sí
las permitía, eran revisadas dos veces
al día, una por la mañana y otra
por la noche.
Por su parte, la acusación ha
puesto de relevancia el hecho de que el uso de
la caja trampa no puede ser considerado un
método selectivo.
Además, las acusaciones han
concluido en asegurar que el dueño de
la finca «falta a la verdad» al asegurar que no
conocía el plan técnico de caza
de su coto, porque, según han
indicado, para que fuera aprobado
había que presentar un proyecto que
él presentó.
Además, han mantenido que para
instalar cajas trampas se necesita un permiso
especial, con el que no contaba la finca.
Durante el juicio han ido testificando
numerosos testigos, entre ellos, agentes medio
ambientales, técnicos de la
Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente y el guarda de la finca, entre
otros.
«Grazalema», que había sido
liberada en el marco del programa
Life+Iberlince, era una hembra de 17 meses
nacida en cautividad, que se soltó en
Guarrizas (Jaén) y había
logrado llegar hasta territorio
castellanomanchego cuando se encontraba en
pleno proceso de dispersión.
El cuerpo de esta hembra de lince
ibérico fue encontrado en agosto de
2011 por el propio personal de
guardería de la finca Barranco de la
Gomera de Castellar de Santiago, como
consecuencia de la deshidratación que
sufrió al quedar retenida en una caja
trampa.
Fue el propio guarda de la finca quien se
puso en contacto con los técnicos del
Cuerpo de agentes medioambientales de la
zona, para comunicarles la aparición
del lince en el interior de una caja trampa
destinada a la captura de zorros.
El lince portaba un collar radiotransmisor,
pero en el momento de su muerte no
funcionaba.
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