Tres guardias civiles y tres
ganaderos se sentarán hoy en el
banquillo del Juzgado de lo Penal por el caso
Asturianos, el mayor juicio por furtivismo
celebrado en la provincia.
Tras más de cuatro años de
instrucción, finalmente los dos
hermanos de Asturianos y el hijo de uno de
ellos serán juzgados por la
comisión de delitos de captura ilegal de
piezas de caza mayor en el coto de esa
localidad y de Palacios, tráfico de
carne, y por tenencia ilícita de armas y
su utilización. Por su parte, los agentes
tendrán que responder del delito de
omisión del deber. Para este juicio,
además, el abogado de la parte de los
acusados ha citado a declarar a Francisco
López Méndez, exjefe del
Servicio de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Zamora, aunque la
Administración regional no se
personó en la causa.
Cuatro años después del
inicio de la causa, el caso Asturianos llega esta
mañana a los juzgados de la capital. La
Fiscalía y el coto de la localidad
sanabresa se presentan como
acusación, mientras que en el banquillo
deberán defender su inocencia los tres
ganaderos y tres guardias civiles
señalados por diferentes delitos
relacionados con el furtivismo. El juicio se
celebra apenas tres años
después de que el Juzgado de Puebla
de Sanabria archivara la causa. Sin embargo,
la parte de la acusación recurrió
el sobreseimiento de la trama y el asunto
quedo exclusivamente en manos de la
Audiencia Provincial de Zamora.
Uno de los abogados de la defensa,
según ha podido conocer este diario, ha
citado a declarar a Francisco López
Méndez, que en el momento en que
presuntamente se cometieron los delitos
ostentaba el cargo de jefe del Servicio de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León en la provincia de Zamora.
Durante el juicio, los dos hermanos de
Asturianos deberán defenderse de la
acusación de comisión de
delitos de tráfico de carne de caza
mayor obtenida de forma ilegal; mientras que
tanto estos como al hijo de uno de ellos
deberán responder de tenencia
ilícita de armas y su uso. Las penas
que se exigen suman siete años de
cárcel en total. Por otra parte, la
Fiscalía reclama para los guardias
civiles la suspensión de empleo y
sueldo por el periodo de un año.
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