El Juzgado de Instrucción número Uno de Burgos ha admitido a trámite una querella interpuesta por el conocido cazador burgalés Roberto Porras contra cinco agentes del Seprona, dos del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y tres instructores de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos. El supuesto delito de que los acusa, en principio, es por coacciones.
La querella recoge que la persecución al conocido cazador burgalés -ha participado en varios campeonatos de ámbito nacional- incluye supuestas denuncias falsas, certificaciones sobre hechos irreales, falsas actuaciones, invención de cosas y coacciones a testigos. La titular del Juzgado de Instrucción número Dos ha remitido un exhorto al Juzgado de Instrucción número 2 y un oficio a la Junta de Castilla y León para que remitan diversas documentación relacionada con las denuncias y expedientes incoados a Roberto Porras.
El propio cazador burgalés, que sostiene en la querella padecer «desde hace mucho tiempo un acoso constantes» por parte del Seprona y de otros organismos oficiales, indica a este periódico que la causa de la persecución se debe a la creencia entre los guardias «de que soy un peligroso cazador furtivo». Porras ya fue imputado por un delito medioambiental del que, sin embargo, fue absuelto.
«Nunca he sido detenido con las ‘manos en la masa’ y los expedientes que me han abierto se fundamentan en opiniones de los agentes del Seprona», asevera. Y reitera que la mayoría de esos expedientes «o fueron archivados o están en periodo de resolución». La Guardia Civil mantiene a día de hoy retenidas sus armas de caza.
La querella recoge que, ya en 2009, los agentes del Seprona «se inventaron» la existencia de una trama de cazadores furtivos en la provincia de Burgos. Entonces solicitaron una orden judicial para el registro de varios domicilios. Una vez efectuados, entregaban el atestado en el Juzgado y se pidió una acusación por la vía penal, contra las personas a quienes se registraban sus viviendas. «Algo que se hizo», indica la querella, «a pesar de que la doctrina jurídica subraya que debe sorprenderse al imputado en actitud de caza para que prospere la acusación.
Corzos, jinetas y liebres
Uno de los hechos más relevantes que se citan en la querella ocurría en el mes de marzo de este año cuando unos agentes del Seprona registran, con el permiso de Porras -al que amenazaron, según el relato, con llevarse detenido si no accedía- una finca. Uno de los agentes de la Benemérita se presentaba con varios animales y tres cabezas de corzo y que, según el agente, habían aparecido en un arroyo que se ubica en la parte posterior de la vivienda de Porras, y fuera de su propiedad.
Esta actuación supuso la incoación de dos expedientes administrativos, uno de ellos por un delito contra la seguridad en el tráfico le imputan que, en la huida de una patrulla de la Guardia Civil se saltó un stop a una velocidad «endiablada»-, además de la revocación del permiso de armas. La versión de los agentes de Seguridad Ciudadana que lo perseguían desde la N-120 -huyó sin hacer caso de las señales- es que lo ven llegar a la puerta principal de su finca, que está cerrada, y le ven tirar varios efectos al cauce molinar que discurre por la parte de atrás de su propiedad.
La querella indica que, en realidad, los guardias civiles aguardaban a Roberto Porras en el término de Castrillo del Val y en las cercanías de su finca, «los agentes se encuentran preparados y organizan una auténtica trampa», asevera el escrito. «Lo cierto», se agrega, «es que no le dan el alto, sino, ¿cómo es posible que con el mismo modelo de coche -son iguales el de Porras y el de la Benemérita- y en un sitio que conocen, en un tramo de cuatro o cinco kilómetros, les consiga sacar una diferencia de más de diez minutos?».
La versión de Porras asegura que llegó a su finca por un camino que discurre paralelo al río Arlanzón, y no por la N-120. Afirma que la denuncia de que se saltaba un ‘stop’ es «totalmente falsa» y se hace sólo para intentar explicar que huía del Seprona y que circula «a una velocidad endiablada». A raíz de estos hechos se redactan tres informes: uno con el testimonio de los agentes del Seprona; otro con el del sargento primero de ese departamento que llega al lugar a los quince minutos y, un tercero, redactado por los miembros del grupo de Seguridad Ciudadana. La querella subraya la existencia de varias contradicciones entre esos informes, sobre todo en aquellos apartados donde se refiere que vieron a Porras arrojar varios objetos al cauce.
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