Un vecino de Justel reclama al
Ayuntamiento la señalización del
coto ZA- 10787 y la delimitación de las
fincas particulares para que los actuales
gestores del coto no entren en las propiedades
para cazar.
El último escrito, el pasado 8 de
octubre, remitido por Santiago Mayo
Rodríguez a la corporación
señala que el perímetro del
coto, de 2.332 hectáreas, está
sin entablillar, y por tanto sin delimitar.
El coto de Justel y Quintanilla cuenta con
su plan cinegético y con
autorización para la caza del
jabalí en montería, de acuerdo
a la información remitida al vecino por
la Consejería de Medio Ambiente. La
pasada temporada se comunicó
debidamente al servicio territorial la
realización de dos monterías,
de acuerdo a la orden Anual de Caza. Las
obligaciones de entablillado y su
señalización corresponden al
titular, en este caso el Ayuntamiento.
El alcalde, Carlos Gurrea Pascual,
recalcó que en tres meses que lleva en
el cargo no ha habido tiempo para hacer el
recuento de la superficie a delimitar, trabajo
que le ha llevado tiempo al alcalde, para
determinar que son 90.000 metros lineales de
entablillado en 17 enclaves de fincas
particulares. La delimitación exterior
no presenta problemas pero la
señalización de las fincas
sí es complicada porque
además de ser numerosas, en
numerosos casos, no se diferencian de la parte
pública por la maleza.
La Alcaldía publicó en el
tablón de anuncios recientemente, con
fecha 4 de octubre, que los cazadores locales
abonaran la cuota de 40 euros de esta
temporada, lo que propició una nueva
queja de Santiago Mayo porque no se han
resuelto «los atropellos de los arrendatarios,
así como los peligros constantes
producidos por estos sin respetar las normas
en fincas particulares». Señala
además que la caza se produce en
horas de escasa visibilidad, con el riesgo para
los ciudadanos que son pocos y de edad
avanzada.
Las desavenencias con el coto comenzaron
hace dos años cuando Santiago Mayo
Rodríguez presentó las primeras
denuncias ante el Ayuntamiento para que se
cumpliera la normativa de caza, empezando
por la comunicación de las batidas y
cacerías y los lugares de
celebración, como figura en una
denuncia fechada el 5 de diciembre del pasado
año ante la Guardia Civil. En 2013 ya
había formulado otra denuncia en los
mismos términos, además de
pedir la delimitación del coto «que
está sin delimitar», además
usar las fincas particulares, que no entran
dentro de la gestión
cinegética.
El Ayuntamiento comunicó en 2012
el proceso de extinción del antiguo coto
y la constitución de uno nuevo de
titularidad municipal que abarcaba los terrenos
de los Montes de Utilidad Público y
comunales «en consecuencia, de momento, no
se incluyen en el acotado terrenos particulares»
como precisa en su escrito municipal, dirigido
al interesado con fecha 23 de agosto de
2012.
El coto salió a subasta
pública como precisó el alcalde,
y se encuentra en estos momentos
subarrendado. Es el primer año que
cazan los actuales gestores, como
aclaró el responsable municipal en la
discusión entablada a la puerta del
Ayuntamiento entre alcalde y vecino
denunciante. Los ingresos del coto al
Ayuntamiento oscilan entre los 7.000 u 8.000
euros. Los pagos estaban sin efectuar, se
reclamaron «y se han pagado»
corroboró el alcalde. El vecino por su
parte recriminó la falta de
información y la falta de cumplimiento
de las condiciones para cazar.
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