El sindicato Unió de Pagesos reclamará al futuro gobierno de la Generalitat de Catalunya que elabora una ley de caza catalana para poder acabar definitivamente con la «plaga» de jabalíes que está arrasando una gran cantidad de cultivos, principalmente en la provincia de Girona.
El coordinador nacional de UP, Joan Caball, ha presentado este martes en rueda de prensa en Girona un dossier con las principales peticiones que se hacen desde el sector con el objetivo de consolidarlo ante una situación de crisis que está llevando a la quiebra a muchas explotaciones.
En relación a la ley de caza, Caball ha detallado que actualmente se está trabajando con una ley de 1970 que reconoce la caza como una actividad deportiva: «Lo que necesitamos es que se cambie el concepto porque el problema con los jabalíes ha aumentado y los responsables de controlar la población de estos animales son los cazadores».
El coordinador ha lamentado que la ley vigente vea la caza como un negocio y no como una actividad reguladora de la plaga, aunque ha insistido que no querían crear ningún conflicto con los cazadores, ya que quien tiene que regular su trabajo es la administración.
«Cuando hay plagas de mosquitos y ratas sí se controlan, y en este caso si existen matarratas, también tendrían que existir matajabalíes», ha añadido Caball.
Entre las demás peticiones que hacen al futuro Govern destaca la reclamación de una campaña para acabar con los abusos y las competencias desleales de los mercados, la creación de una entidad pública de financiación específica para todo el sector y la mejora de la renta agraria.
Caball ha expuesto la postura del sindicato ante el debate sobre el derecho a decidir: «Desde Unió de Pagesos creemos que tienen que ser los ciudadanos quienes decidan y apoyaremos el derecho a decidir porque no puede negársele a nadie».
Todas estas peticiones, ha dicho, son para intentar paliar las grandes dificultades que está causando la crisis en el sector y si no se cumplen, el sindicato no descarta movilizaciones «ya que no habrá otra salida».
8,3 MILLONES DE EUROS EN COMPENSACIONES
Por otro lado, el coordinador territorial del sindicato en Girona, Xavier Frigola, ha apuntado que las administraciones, tanto la Generalitat como el Gobierno, deben a los agricultores expropiados para la construcción de infraestructuras, un mínimo de 8,3 millones de euros –el sindicado solamente tiene contabilizado lo que deben a sus afiliados–.
Concretamente, en la provincia de Girona por la obras en la C-31 se deben tres millones de euros, por las obras de la N-II al menos 2,5 millones de euros y por los trabajos hechos por Adif para conectar Barcelona y la frontera mediante el tren de alta velocidad un mínimo de 2,8 millones de euros.
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