Que la caza es una afición importante en la región lo demuestran las 92.403 licencias con las que se cerró el año 2017, según los datos facilitados por la Federación de Caza de Castilla y León, quien también aclara que de ese total de licencias, 15.800 son federadas. La normativa en materia de caza está en constante evolución y un acuerdo entre esta Federación y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha posibilitado que sea esa entidad la que colabore con la Junta en los controles poblaciones de la fauna silvestre cinegética tanto en las zonas de caza controlada como en cotos regionales por lo que el primer requisito para participar es estar federado, es decir, solo el 17% de los cazadores de la región están en condiciones de hacerlo. Esos controles poblaciones se ejecutan cuando, por ejemplo, se detecta súper población de una determinada especie y causa daños del tipo que sea, entre ellos, accidentes de tráfico. El presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC), Manuel Alonso, se ha mostrado muy descontento desde que en mayo de 2017 se conociera ese convenio que sigue vigente, «entendemos que la administración no puede derogar decretos y en cotos que gestionaban ellos en igualdad de condiciones para todos, lo anula para hacer un convenio con la Federación». Alonso recuerda que «antes tenían opción a participar en las cacerías todos los cazadores de la comunidad y ahora hay que pasar por la piedra de la Federación, por narices hay que pagar un impuesto revolucionario que es la tarjeta federativa por lo que no se ha tratado a todo el mundo igual».
Rentabilidad
La justificación que se dio en su momento y se sigue manteniendo desde la Junta es que la nueva disposición «viene motivada por la escasa rentabilidad cinegética que difícilmente compensa el esfuerzo económico e inversión de recursos humanos llevados a cabo por la Consejería, lo que justifica una búsqueda y puesta en marcha de nuevas alternativas a la gestión del recurso cinegético». Ignacio de la Fuente, jefe de servicio de Caza y Pesca, aclara: «Se vio que se necesitaban personas que colaboraran y se firmó el convenio con la Federación al entender que podía proporcionar las personas necesarias para llevar esas acciones de control poblacional, no caza». Sugiere que, «a efectos prácticos, nos están haciendo un favor» y asegura que se trata de una medida «transitoria» pues la Junta trabaja para que salgan a licitación todos esos montes de utilidad pública que no son cotos y que dependen de la administración, dicho de otro modo, que salgan a concurso los derechos cinegéticos. Se trata en total de 28.700 hectáreas asentadas en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. El proceso se ha ralentizado más de lo previsto por cuestiones administrativas pero la intención es que en enero de 2019 ya haya procesos de adjudicación y a partir de abril existan declaraciones como cotos. De momento, no se ha establecido un precio por hectárea que deberá fijarse por provincia una vez aprobados los pliegos y que terminarán con la futura extinción de la figura de zonas de caza controlada y cotos regionales de caza. A pesar de todas las explicaciones, Manuel Alonso aprecia que lo que se define como excepcionalidad «se ha hecho con alevosía» pues «esas zonas reguladas que se concedían a sociedades locales y en las que participaba todo el pueblo, de buenas a primeras lo anulamos porque no es rentable y a los tres o cuatro meses aparece el convenio con la Federación que estaba oculto, sin publicidad». Concluye aportando un detalle más: «El dinero que la administración cogía por la caza en estas zonas controladas revertía en el monte y ahora revierte en la Federación, se está financiando de manera indirecta a esa entidad privada». Su opinión es que «las cosas no están bien hechas» y que su posición es la de «no ser competidores de nadie, nacimos con la finalidad de defender la caza sostenible, social y natural y recuperar los derechos que nos han quitado las administraciones».
La Federación
La versión que da la Federación sobre el asunto de controles de fauna, va en la línea de lo manifestado por la Junta, es necesario hacer una serie de controles poblacionales antes los siniestros que se producen en carreteras o los daños a cultivos y «la Junta considera que la organización que puede dar ese servicio ante esa necesidad es la Federación, un colectivo reconocido como colaborar por lo que toma una decisión de forma temporal», mantiene Eduardo Ibáñez, secretario general de la Federación, «se utiliza el argumento de que se lo han dado directamente a un colectivo y se ha dado por necesidad, porque somos entidad colaboradora». Insiste en que la personas que quieran participar en esas cacerías «no tienen más que federarse» y el precio por esa ficha es de 24,19 euros al año. Asegura Ibáñez que las quejas son «casos puntuales de gente que organizaba con anterioridad esas cacerías que se sacaban a subasta» por lo que habla de «intereses colaterales». Deja constancia de que para poder acudir a una de esas cacerías, o control poblacional, es necesario que los federados se apunten para realizar un sorteo. En cada provincia, se reserva un 20% del cupo a cazadores de la zona. En función de la mancha determinada por la Junta, hay cacerías que pueden oscilar entre los 30 y 60 cazadores y el coste de la misma «es el equivalente al reparto de los gastos que tenga la batida (seguros, rehalas, comida)». «Antes había que pagar una tasa a la Junta, la tase de abate por pieza y eso incrementaba los costes y donde ahora se pagan 50 o 60 euros, antes se pagan 100 o 110 euros y ¿ahora están descontentos pudiendo ir más barato?» El resumen de Eduardo Ibáñez es que «la única condición es la de estar federado y la pone la propia Junta, tampoco hubiéramos tenido ningún inconveniente si esto no fuera así aunque lógicamente no se puede cobrar lo mismo al socio que a cualquier persona que de forma espontánea quiera acceder».
FUENTE. ELNORTEDECASTILLA.COM
Foto. Archivo Desveda
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