N.G.- El Ministerio del Interior acaba de presentar en sociedad un nuevo reglamento de armas. Lo ha formalizado a través de un real decreto publicado en el BOE el 30 de noviembre. El hecho no tendría nada de particular si no fuera porque ha cogido a sus principales protagonistas y destinatarios por sorpresa.
Nadie, ni las principales asociaciones que representan al sector, como la federación estatal o la Oficina Nacional de Caza (ONC), han sido consultadas para su elaboración. Mucho menos las organizaciones territoriales vascas o la Asociación para la Defensa del Cazador y Pescador Vasco, Adecap. El resultado es un texto legal que ha provocado una irritación mayúscula.
Todos los representantes del sector lo tachan de «disparate» porque creen que se ha desarrollado desde un «desconocimiento total de lo que representa el sector» en los aspectos económico, social y deportivo. Lo consideran también una «traición» al haberse aprobado «por sorpresa». Además, les deja muy poco tiempo para presentar alegaciones. En Euskadi, son las federaciones vascas de tiro deportivo y Adecap quienes se están encargando de promoverlas. Según explica Iker Ortiz de Lejarazu, representante de esta última asociación, pocos días antes de la aprobación del real decreto, responsables del sector se reunieron con miembros de la Administración para conocer los términos en que se redactaría el texto. La respuesta que recibieron fue que no había nada cerrado, lo que «denota que todas estas modificaciones legales se han hecho con mala leche», opina.
PROHIBICIONES De hecho, la reforma hiere de muerte al mundo de la caza. Las prohibiciones establecidas en el reglamento ponen fuera de la ley «el 80% de las armas legales» que existen en estos momentos. Precisamente, los aspectos más controvertidos de la nueva normativa radican en que las armas más populares, las semiautomáticas, sean rifles o escopetas, estarán prohibidas, ya que no se permite que el cargador se pueda transformar a una capacidad superior con una herramienta normal y «todas las armas semiautomáticas que hay en España tienen un cargador o tubo de alimentación modificable con un alicate, y los rifles incluso extraíble», apunta el presidente de Adecap y de la ONC, Juan Antonio Sarasketa.
El real decreto, por otra parte, reduce el número máximo de rifles hasta 8, cuando hasta ahora se podían adquirir sin límites. Lo mismo ocurría con las armas de avancarga, que «solo se emplean en la modalidad de tiro y por algunos cazadores nostálgicos» y que en lo sucesivo necesitarán de una autorización especial. Un aspecto llamativo es que prohíbe los tirachinas y las cerbatanas.
El Ministerio de Interior justifica esta modificación normativa en razones de seguridad ciudadana. Ortiz de Lejarazu replica que se le ha pedido información sobre el número de delitos que se comenten con armas legales, pero «se niegan a facilitar el dato». De acuerdo a los cálculos de la ONC, estos no llegan al 0,1%. En Adecap no ponen objeciones a que el Estado controle las armas, pero «estaría muy bien que lo hiciera con las ilegales». Ortiz de Lejarazu califica la regulación como «una de las más restrictivas de la Unión Europea y ya lo era antes».
El borrador del reglamento de armas plantea, además, dudas jurídicas sobre el destino de esas miles y miles de armas que ahora son legales y que podrían estar prohibidas si finalmente se aprueba el texto en sus términos actuales. Pero lo que sobre todo inquieta a las organizaciones que representan a los cazadores y al sector armero son las repercusiones económicas que traerá consigo la nueva normativa. «Supondría cerrar la mitad de las empresas armeras de Eibar y reducir la práctica de cinegética en un 50%», asegura Sarasketa. Para el máximo responsable de la ONC, el «Gobierno no ha valorado en su justa medida» que en el Estado unas seis millones de personas viven de la caza.
Desde la Asociación Armera, con sede en Eibar, su vicepresidente, Iñigo López, recuerda al Ejecutivo que «nuestras armas artesanas están reconocidas como las mejores del mundo, la calidad de las armas españolas no tiene competencia y nuestras empresas han exportado el made in Spain a todo el mundo». Precisa que esta afirmación la avalan unos niveles de exportación del 85 %. «No entendemos a qué se debe este endurecimiento, este querer entorpecer un sector que genera empleo, alrededor de 36.300 puestos de trabajo, que en su conjunto factura más de 2.753 millones de euros y, sobre todo, no da problemas».
alegaciones El texto publicado en el BOE está ahora en periodo de alegaciones. En un primer momento el plazo se cerraba el próximo lunes, día 27, pero las conversaciones mantenidas este mes entre la Oficina Nacional de Caza y la Federación Española con la Administración ha dado sus frutos. El pasado martes, los máximos responsables de estos dos organismos comparecieron en rueda de prensa en Madrid para explicar que, de momento, se ha ampliado en 20 días más el plazo de alegaciones, con lo que se mantiene abierto hasta mediados de enero. En un comunicado conjunto, manifestaron que el rechazo a la nueva regulación es un «clamor» y que la consideran un «ataque directo» al sector de la caza.
Sin embargo, Sarasketa se muestra «esperanzado» en lograr un acuerdo y cree que la ampliación del período de alegaciones «puede ser una buena señal» que conduzca a un negociación entre las partes implicadas. Las dos asociaciones se han reunido en las pasadas semanas con distintos partidos políticos y algunos de ellos, en especial el PNV, «se han movido» y han hablado con el ministro Rubalcaba para propiciar un diálogo. «Todavía estamos a tiempo de acabar con este disparate», considera el representante de los cazadores vascos.
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