El odio contra cazadores puede tener los días contados
La Oficina Nacional de Caza recibe con satisfacción el compromiso de la Fiscalía General del Estado para implantar nuevos tipos penales para los delitos de odio en redes sociales
J. Zengotitabengoa
El hartazgo que desde hace algunos años existe entre el colectivo de cazadores ante la impunidad con la que son insultados por algunas personas a través de las redes sociales y el hecho de que ese tipo de situaciones vayan aumentando año tras año, ha llevado a la Oficina Nacional de Caza (ONC) a acudir en reiteradas ocasiones antes la Fiscalía General del Estado para acabar con esa situación.
“Hemos remitido varias misivas y se han desarrollado cuatro entrevistas en tres años con representantes del ministerio fiscal para que nos diese una respuesta al tema de los delitos de odio”. Pero la falta de respuesta ha sido la tónica general “ya que el Reino de España ha tenido problemas con casos relacionados con delitos políticos o de terrorismo o por otro tipo de circunstancias”, según apunta Felipe Ángel Vegue Contreras, presidente de la ONC.
Sin embargo, su última carta, remitida hace poco más de un mes, encontró respuesta por parte de la actual Fiscal General del Estado, María José Segarra, quien mostró su “inquietud y predisposición” para que en los delitos de odio, “se vayan perfilado nuevos tipos penales y sus consecuencias punitivas en las posibles reformas que vayan a plantearse por el legislativo para que se ajusten a la delincuencia moderna”.
Injurias, calumnias y vejaciones
La respuesta de Segarra aporta un rayo de esperanza ante las reiteradas muestras de odio proferidas contra los cazadores “provenientes de movimientos animalistas y de personas que desconocen absolutamente lo que es la caza”, y que se manifiestan en agresiones “al honor, a la honestidad o a la integridad emocional de los cazadores”, según apunta Vegue.
Además, en la carta se indica que los cazadores se han convertido “en la diana de todo tipo de arremetidas que amparan injurias, calumnias y vejaciones” y se reconoce que algunos de los comentarios realizados a través de las redes sociales “han llegado a promover incluso boicots en el trabajo de las personas y verdaderos linchamientos públicos”.
Aunque el presidente de la ONC admite que puede haber personas que “en un momento de calentón” profieran expresiones hirientes, el problema se genera cuando “esas personas se regodean por el dolor ajeno valiéndose de adjetivos totalmente
descalificadores”, que generan entre los aficionados a esta práctica deportiva “la sensación de impunidad y de impotencia” por su mera condición de cazador.
Tras lo ocurrido en las redes sociales después del fallecimiento de la bloguera y cazadora Mel Capitán, la gota que colmó la paciencia de los aficionados a la caza fue “un accidente ocurrido en Valladolid en el que murió un niño”, señala Vegue. Ese percance que se produjo durante una montería, supuso una proliferación de “tal cantidad de barbaridades y burradas que no creo que la familia sea capaz de perdonar”.
Sanciones económicas
En la carta de respuesta a la ONC la propia Segarra reconoce que resulta verdaderamente “lamentable y condenable cual manifestación de ofensa, odio o violencia hacia cualquier persona”. Además, expresa que es consciente de que “el auge de las redes sociales y la utilización del mundo digital permite un anonimato respecto a conductas reprobables” y que la institución que preside tiene la finalidad de “promover ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés púbico”.
La esperanzadora respuesta que Segarra ha dado a la ONC puede propiciar el cambio de una legislación que hasta “ahora se circunscribía a delitos de odio motivados por ciertas tendencias personales o de aquellos propiciados por cuestiones de racismo, xenofobia o de condición sexual”, apunta Vegue. De hecho, esta entidad que agrupa al 80% de los cazadores federados y a las federaciones más importantes, así como a sociedades de cazadores, representantes del medio rural, cotos, propietarios, agrupaciones relacionadas con el sector armero, cartuchero, comercial y de servicios, sostiene que no observan ninguna diferencia respecto a los ataque que reciben quienes practican “un deporte lícito y legítimo”.
Para tratar de paliar este tipo de situaciones, el presidente de la ONC cree más adecuada la imposición de sanciones económicas que las penas de prisión, “porque pueden resultar más efectivas de cara a evitar que ese tipo de acciones queden impunes”.
En este esfuerzo por erradicar este tipo de agresiones, la ONC remitió una copia de la carta remitida a la Fiscalía General del Estado al Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para tratar de dar mayor visibilidad a esas acciones.
Tanto los contactos que la entidad que preside Vegue mantiene con la Fiscalía como el resto de las iniciativas desarrolladas desde la ONC, están encaminadas a dar continuidad a las desarrolladas por los dos predecesores en la presidencia de la entidad, Juan Antonio Sarasketa y Santiago Iturmendi. “No vamos a cejar nunca en el camino iniciado por estas dos personas y en la ONC no vamos a dejar nunca que las cuestiones que nos afectan se queden en ‘stand by’, sino que tenemos que rematarlas”
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