La Mesa por la Caza Social de Navarra informa que el Pleno del Parlamento aprobó ayer, con los votos a favor de UPN, SN, PPN y los no adscritos y los votos en contra de Bildu, Aralar-Nabai e I-E, la modificación de la Ley Foral 23/2013 de reforma de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.
Previamente, el Pleno dió su conformidad a la tramitación directa y en lectura única con el respaldo de UPN, SN, PPN, I-E y los no adscritos y la oposición de Bildu y Aralar-Nabai.
La Ley Foral presentada por el G.P. UPN tiene por objeto adecuar la redacción del artículo 51, relativo a la vigilancia de los acotados de caza, para evitar la ???incertidumbre y las dudas interpretativas??? generadas entre los cazadores.
En virtud de la matización introducida, el artículo 51 queda así:
???En todo caso, será necesario que el coto cuente con un sistema de guarderío de caza para llevar a cabo las siguientes actuaciones:
a) Manejo de poblaciones, incluyendo sueltas, repoblaciones y translocaciones. En todo caso, cuando se haya autorizado una repoblación de especies cinegéticas, durante el tiempo que la caza de esas especies esté vedada y el acotado permita la caza de otras especies.
b) Caza a rececho de ciervo
c) Monterías.
d) Controles anuales de poblaciones.
e) Cuando, como consecuencia de una gestión deficiente o por colocación de venenos y cebos envenenados o el uso de sustancias tóxicas prohibidas por la legislación vigente, se hubiera producido el cierre total o parcial del acotado en cumplimiento de expediente administrativo, penal o medida cautelar. En este caso, la presencia del guarda de caza se prolongará hasta el final de la primera temporada efectiva de caza en el acotado???.
El artículo único de esta Ley de reforma corrige, además, dos errores detectados en la actualización de la normativa de caza aprobada por el Parlamento en el Pleno del pasado 27 de junio. De un lado, se hace constar que entre los deberes del titular del coto se encuentra ???dotar al acotado de un sistema de guarderío para llevar a cabo las actuaciones previstas en el artículo 51???.
De otro, se suprime de entre las obligaciones del titular del aprovechamiento una que atañe al titular del coto, ???comunicar al Departamento de Medio Ambiente la aparición de enfermedades sospechosas de epizootias, así como los sucesos de envenenamiento y usos de artes prohibidas en los cotos???.
El G.P. Izquierda-Ezkerra ha presentado cinco enmiendas, de las que sólo ha prosperado una, con los votos a favor de Bildu, Aralar-Nabai e I-E, la abstención de los no adscritos y los votos en contra de UPN y PPN.
Con esta enmienda, se asegura la presencia de guarda ???en las ejecuciones de las autorizaciones excepcionales de caza, tanto por utilizar métodos contemplados en el artículo 39 como por realizarse fuera de la temporada ordinaria de caza, incluidas las esperas nocturnas de jabalí. Y en aquellas otras que puedan desarrollarse reglamentariamente???.
El resto de las enmiendas han sido desestimadas con los votos en contra de UPN, SN, PPN y los no adscritos y los votos a favor de Bildu, Aralar-Nabai e I-E.
Una pretendía ???rentabilizar??? el trabajo de los guardas autorizando al Gobierno o a la autoridad en quien delegue, previa consulta con los municipios implicados, la ???agrupación de cotos preferentemente colindantes???, de modo que ???cada unidad de coto de hasta 25.000 hectáreas en la zona norte y de hasta 15.000 en la zona sur contara con un guarda???.
Otra buscaba dejar patente que la ???obligación??? de contratar al guarda de caza corresponde al titular/es del coto.
Una tercera iba dirigida a ???contribuir a la mejora de las condiciones de aquellos cotos en riesgo de desaparecer???, obligando a contar con sistema de guarderío ???durante todo el año a aquellos cotos con plan de prevención o con caza menor, teniendo en este caso en cuenta las especies en riesgo de extinción???.
La última abogaba por incluir en la Ley la figura del guarda de caza, con independencia de que sea obligatoria o no su presencia en los cotosde conformidad con lo estipulado en el Decreto Foral 7/2012, de 2 de febrero.
LAS INTERVENCIONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS:
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