La Sala de lo
Contencioso Adminsitrativo
del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de Castilla y
León ha anulado el
Decreto 83/1998, que
desarrolla la Ley de Caza de
Castilla y León en lo
que se refiere a la
gestión de las
reservas regionales de caza.
Ecologistas en
Acción (EA)
—promotora del
recurso— celebraba
ayer la sentencia como
«el enésimo
varapalo judicial»
contra la normativa
ambiental de la
Administración
autonómica, frente a
la lectura distinta que
realizaba la
Consejería de
Fomento y Medio Ambiente,
que destacaba ayer que el
tribunal «no entra a
valorar el fondo» de la
norma y la anula «por
un aspecto formal»,
en concreto, el deficiente
plazo en el que el decreto
estuvo expuesto al
público antes de su
aprobación. Desde el
gabinete de prensa de
Fomento y Medio Ambiente
se anunció ayer un
recurso contra el fallo.
La organización
conservacionista
señaló en un
comunicado de prensa que
«la incorrecta
realización del
trámite de
información
pública fue el
argumento que ha hecho
suyo el tribunal» de
los que aducía en su
recurso para anular el
decreto, «imponiendo
las costas a la
Administración
demandada».
EA subrayó que
el preceptivo trámite
de audiencia «fue
menor de los 15 días
establecidos por la
norma», sin que en el
juicio se motivara la
necesidad y urgencia de
acortar tales plazos, ni
tampoco «graves
razones de interés
público» que
justificasen reducir el periodo
de exposición al
público.
Mientras la Junta
señala que el fallo no
afecta a la actual temporada
de caza, los ecologistas
aseguran que la
regulación de la
gestión y
aprovechamiento de las
reservas regionales de caza
«queda sin soporte
jurídico y al margen
de la ley si entran en
contradicción con el
Decreto 83/1998», que
anuló en su momento
la normativa objeto del
contencioso.
«También
quedan en situación
de ilegalidad» las
autorizaciones que Medio
Ambiente «otorga de
forma sistemática
para poder cazar en las
vías y caminos de
uso público, en las
vías pecuarias y en
otras zonas donde por
seguridad se limitaba la caza
por ser un peligro para las
personas y por coartar el
derecho de libre
circulación por zonas
de uso
público». 
;
La organización
insta al consejero de
Fomento y Medio Ambiente a
que adopte medidas,
«en especial la
remoción de
cargos», de forma que
la normativa en materia
cinegética elaborada
por la Junta «respete
la legalidad» y
observe «los principios
de participación
ciudadana y
transparencia».
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