Propietarios de
terrenos, ingenieros de
montes y alcaldes, a favor.
Agentes medioambientales,
técnicos forestales,
sindicatos, oposición
(PSOE, IU, Podemos, UPyD,
Equo, Pacma) y
organizaciones ecologistas,
en contra.
La modificación
de la ley, «otra ocurrencia
más del Partido
Popular», es, por encima de
todo, «el mayor atentado que
ha tenido el cuerpo de
agentes medioambientales
en los últimos 140
años», afirma
Díaz. El texto planea
subordinar a este colectivo
de 6.500 funcionarios a las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
–presumiblemente al
Seprona de la Guardia
Civil– y rebajarlos a la
categoría de
‘auxiliares’. Este hecho
impedirá que los
agentes investiguen delitos
medioambientales, lo que a
juicio del presidente de
Aeafma, es «atarnos de pies
y manos».
«Lucharemos sin cuartel
en unidad de acción
para que no salga adelante
esta ley, que va contra los
ciudadanos, contra el
patrimonio medioambiental y
contra un colectivo de
funcionarios de 140
años de historia»,
adelanta Díaz. El
presidente de Aeafma
recuerda que la sala
coordinadora de Medio
Ambiente de la
Fiscalía General del
Estado felicita año tras
año la labor como
policía judicial del
colectivo [vea el documento
aquí]. Sin embargo,
«parece que somos molestos
para el Gobierno».
Santiago
Arévalo, presidente
de la Red Española de
Municipios Forestales: a
favor
El también
alcalde de Enguera
(Valencia) considera
«positiva en general» la
propuesta de cambio
legislativo, «aunque
podría haber sido
mucho mejor la ley en lo
relativo a la titularidad de los
terrenos»
–dice– y
destaca los cambios
burocráticos en la
gestión forestal, ya
que, a su juicio, simplifican
mucho «el papeleo». La
creación de empresas
mixtas entre el empresariado
forestal y los propietarios de
montes –las llamadas
sociedades forestales–
supone además
desbloquear el abandono del
bosque.
Por otro lado, que con la
ley vigente exista la
prohibición de un
cambio de uso del terreno en
los 30 años posteriores
a un incendio es «un
agravio», asegura, para los
municipios. «Somos personas
adultas, y los que vivimos en
el mundo rural estamos
cansados de este tipo de
tutelas; no puede ser que
una ley cercene el derecho al
desarrollo de un municipio»,
dice. En ese sentido, cree
provechosa para los intereses
municipales la
polémica medida de
levantar el veto a construir
en terrenos que han sido
afectados por el fuego, una
iniciativa que aprobó
el Ministerio de Agricultura
de la socialista Cristina
Narbona con el objetivo de
desincentivar los incendios
«especulativos».
Rubén Paz,
secretario del sindicato
profesional de Agentes
Medioambientales de
UGT
Este agente forestal
afirma que «siempre hemos
tenido problemas con la clase
política en general
porque hacemos nuestro
trabajo y denunciamos a
quien debemos,
normalmente a grandes
fortunas, y respecto a la
variación de la
categoría laboral de
su colectivo no entiende
«cómo un cuerpo de
funcionarios civil, capacitado
y en mayor número,
debe subordinarse a un
cuerpo de carácter
militar» [en referencia al
Seprona]. «Se puede dar la
paradoja de que yo llegue,
vea un delito y me tenga que
estar de brazos cruzados
hasta que venga un
policía o guardia civil,
y entretanto el infractor ha
escapado».
Paz considera que «el PP
tiene bien claro que los
forestales estorbamos», y
pone de ejemplo que el
ministro Gallardón
«se dejó en el tintero
el cambio de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para
quitarnos la función
de policía judicial.
Afortunadamente, el tiempo
no les ha dejado». Y al
margen de los problemas de
los agentes
medioambientales, que ven
peligrar su independencia de
acción, Paz se
pregunta: «¿Acaso ha
habido algún clamor
social por cambiar la ley de
montes vigente? ¿No
chirría un poco que se
quiera cambiar sin que haya
habido una demanda por
parte de la sociedad?»
Luis Fernando
Villanueva, presidente de la
Asociación de
Propietarios Rurales para la
Gestión
Cinegética y
Conservación del
Medio Ambiente (Aproca): a
favor
Tampoco entre las
asociaciones que representan
los intereses de los cazadores
se ponen de acuerdo a la
hora de evaluar este cambio
de ley. A diferencia de la
postura de la Real
Federación de Caza,
que felicitó al
Gobierno por la
aprobación del
anteproyecto, la
Unión Nacional de
Asociaciones de Caza (UNAC)
y la Oficina Nacional de la
Caza se han mostrado
más críticas.
Y Aproca, que reconoce que
este Gobierno es el primero
en escuchar las demandas
del sector cinegético,
ve positiva la
creación de una
Estrategia Nacional de
Gestión
Cinegética y el
establecimiento de una
licencia única de
caza, ya que con la
normativa actual, en la cual
un cazador debe solicitar una
licencia distinta por cada
comunidad
autónoma, es «un
caos legislativo».
Respecto a los planes de
gestión, la
asociación de
propietarios de fincas rurales
defiende que «no siempre es
posible desarrollarlos» ya
que, «si la
Administración quiere
trabajar en gestión
forestal, antes tiene que
poner dinero».
Raúl de la Calle,
secretario general del Colegio
de Ingenieros
Técnicos Forestales:
en contra
De la Calle subraya
cuatro elementos negativos
que «olvida» el anteproyecto
de ley: ni se reconoce el
papel que juegan los montes
a la hora de fijar y retener el
CO2 emitido por los
humanos, ni se promueve el
uso de la biomasa como
fuente de energía
‘verde’ –»una
oportunidad perdida para
explotar un recurso nuestro,
generar empleo local y evitar
la despoblación»,
critica–, ni se insiste
en la obligación de
crear planes de
gestión forestal,
punto clave para evitar el
abandono del bosque
–»esta nueva ley
dará a los
propietarios nada menos que
25 años más
de plazo para lanzar su plan
de gestión»,
recuerda–.
El secretario general
insiste en el hecho de que su
Colegio lleva demandando
desde hace años al
Ejecutivo que determinados
documentos técnicos
sean redactados por expertos
titulados (por ingenieros de
montes). «Es una demanda
que el Partido Popular hizo
suya en 2006, cuando estaba
en la oposición, y nos
sorprende mucho que ahora
que el partido está en
el gobierno no se haya
recuperado esa demanda
nuestra».
Francisco Cabezos,
secretario de Medio Ambiente
y Salud Laboral de CCOO: en
contra
«Esta ley debería
estar enfocada a la
producción y
mantenimiento de los
montes, y punto. Pero
desgraciadamente se ha
hecho famosa por asuntos
que nada tienen que ver»,
como la caza, la
especulación y el
«poner una mordaza a un
colectivo histórico de
funcionarios». A juicio del
representante sindical, «los
cambios introducidos por este
Gobierno se están
convirtiendo en el Día
de la Marmota de los
agentes».
En 2006, recuerda, el PP
ya intentó «que se
nos quitara la facultad de
policía judicial» para
investigar delitos. Al
año siguiente, la
Comunidad de Madrid
intentó impedir «que
pudiéramos entrar en
fincas y montes privados,
pero no lo consiguió.
Y es que no se dan cuenta de
que los montes, sean de la
titularidad que sean,
están sujetos a la
vigilancia de la
Administración
Pública: el bien
público está
siempre por encima del bien
privado», distingue.
Pilar Lucio, secretaria de
Sostenibilidad del PSOE: en
contra
El partido que
aprobó la norma
vigente tampoco coincide con
los planteamientos de
Tejerina. «Toda la
legislación aprobada
en esta legislatura va en
detrimento de la
protección
medioambiental: Ley de
Costas, Ley de Parques
Nacionales y ahora esto.
Parece que estas leyes
están hechas para
satisfacer las necesidades de
una minoría muy
minoritaria de la sociedad.
Tenemos pensado solicitar
una enmienda de
devolución ya que no
estamos de acuerdo en
absoluto con este cambio de
ley».
Juan López de
Uralde, portavoz de Equo: en
contra
«Con esta ley, se vuelve
a abrir la puerta a los
incendios especulativos.
Además, la no
obligatoriedad de contar con
planes de gestión de
montes va a provocar
todavía más
abandono y, en
consecuencia, un aumento de
los incendios. La
filosofía general de
estos cambios es entender el
monte como negocio, y
nosotros no nos oponemos a
esta idea siempre que el
monte sea sostenible en el
largo plazo. De forma
prácticamente
desapercibida, el Partido
Popular ha desmontado las
políticas
medioambientales
desarrolladas desde la
Transición».
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