Fundación Artemisan inicia una ronda de reuniones para alertar sobre las graves consecuencias de prohibir la caza en Parques Nacionales

Fundación Artemisan inicia una ronda de reuniones para alertar sobre las graves consecuencias de prohibir la caza en Parques Nacionales

Madrid, 10 de julio.- La Fundación Artemisan ha iniciado una ronda de reuniones para alertar sobre las graves consecuencias de prohibir la caza en los Parques Nacionales, medida que entrará en vigor, si nadie lo remedia, el próximo 5 de diciembre, una vez finalice la moratoria fijada en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

Desde la Fundación se han solicitado reuniones con el MITECO y el MAPA, con la Dirección General de Biodiversidad, portavoces en la materia de los diferentes partidos políticos y componentes de las diferentes comisiones relacionadas tanto en el Congreso como en el Senado, entre otros, con el objetivo de alertar sobre las graves consecuencias si se llega a aplicar la prohibición.

Si la norma llega a entrar en vigor, las administraciones tendrán que hace frente a indemnizaciones de entorno a 320 millones de euros a los propietarios de los terrenos, a los que se sumará el coste del necesario control de especies que, de no realizarse, conllevaría un verdadero desastre medioambiental. Aspecto que queda reflejado en el informe elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, la Cátedra de Parques Nacionales, en colaboración con la propia red de Parques Nacionales, que advierte de las consecuencias de no realizar los oportunos controles de poblaciones en espacios protegidos.

Otra de las consecuencias de esta medida sería la agravación del despoblamiento, el desempleo y la diminución de la renta en municipios del entorno de los Parques Nacionales, que se encuentran en una situación ya de por sí grave, como expone el informe elaborado por las Universidades de Extremadura y Castilla-La Mancha sobre la situación socioeconómica en los municipios del entorno de los Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros.

Y es que la aplicación de la norma no solo perjudicará a los propietarios, sino también a los habitantes de poblaciones limítrofes que tienen como principal fuente de ingresos la organización de monterías, así como a hoteles, restaurantes, empresas y a los muchos puestos de trabajo directo e indirecto que se perderían.

Para Artemisan solo caben tres alternativas: la aplicación de la norma, mediante la firma de convenios voluntarios o, si no hay acuerdos, procedimientos de expropiación; modificar la ley para establecer una nueva moratoria; o modificar la Ley para que se permita la caza y la pesca en aquellos Parques Nacionales donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional generadora de empleo y riqueza y que no sea incompatible con la figura del Parque.

Todos estos puntos se van a tratar en las reuniones que la Fundación va a mantener en las próximas semanas. La primera de ellas se ha celebrado este jueves con la diputada por el Partido Popular y miembro de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, Carmen Navarro, y con Alberto Ruiz, asesor de Medio Ambiente del grupo. Por parte de la Fundación, han estado presentes su presidente, José Luis López-Schummer, el director, Luis Fernando Villanueva, y Jorge Bernard, asesor jurídico de la entidad.