Gipuzkoa. Los dos veterinarios de la Protectora de Animales que se enfrentan a una petición de un año y tres meses de cárcel por un presunto delito de maltrato animal serán juzgados a partir del 14 de marzo en San Sebastián.
La vista, que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital guipuzcoana, está señalada para dos jornadas y en ella declararán cerca de una treintena de personas en calidad de testigos.
Los dos procesados se enfrentan a una petición de un año de prisión y tres de inhabilitación profesional por parte de la Fiscalía, solicitud que la acusación particular, que ejerce la asociación contraria al maltrato animal Ekilur Jurídica eleva hasta un año y tres meses de cárcel.
El Ministerio Público considera que ambos acusados, que ejercen como veterinarios en las instalaciones que la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Gipuzkoa tiene en Usurbil, presuntamente llevaron a cabo «eutanasias injustificadas de perros y gatos», entre los años 2010 a 2013.
El escrito de acusación provisional de la Fiscalía concreta que supuestamente ambos procesados acabaron «con la vida de animales sanos» y «sin respetar el plazo de 30 días que deben permanecer en el establecimiento, en expectativa de ser adoptados».
El fiscal sostiene que «muchos de estos sacrificios» presuntamente se llevaron a cabo «sin aplicar a los animales el sedante previo preceptivo, lo que les provocaba un intenso dolor en el momento de morir».
Precisa asimismo que, «en el caso de los gatos y de los cachorros de perros», la eutanasia se practicaba «pinchándoles directamente la inyección en el corazón», circunstancia que aumentaba «su dolor al morir».
Por su parte, Ekilur Jurídica, mantiene que las eutanasias se llevaban a cabo «indiscriminadamente» y «de forma masiva» en los períodos estivales con el fin de «desalojar a los animales de acogida» y procurar espacio para acoger a los «de pago», dado que, según este colectivo, los inculpados «llevan a cabo una actividad privada de veterinarios con residencia canina» en «las mismas instalaciones de la protectora».
Esta asociación las imputa también «graves cesaciones de sus funciones de atención y cuidado sanitario a los animales allí alojados, sin prestar los debidos tratamientos facultativos para evitar o tratar enfermedades».
Aclara, en este sentido, que estos facultativos no adoptaron «tratamientos para evitar la procreación, procediendo a eutanasiar todas las camadas nacidas, tanto de gatos como de perros, que se producían en las instalaciones de la protectora».
La acusación particular refiere asimismo que uno de los dos veterinarios presuntamente infligió «en diversas ocasiones maltrato físico a diferentes animales, propinándoles golpes y patadas, en presencia de varios trabajadores».
Por estos motivos, eleva su petición de condena hasta un año tres meses de cárcel y solicita una indemnización de 3.500 euros como responsabilidad civil que, en caso de ser concedidos, serán entregados a distintas asociaciones animalistas.
Al igual que la Fiscalía, la acusación particular también reclama que los inculpados sean inhabilitados durante tres años para el ejercicio de su profesión.
La defensa de los dos procesados rechaza las imputaciones contra sus clientes y niega que hayan practicado «eutanasias masivas, indiscriminadas e injustificadas de perros y gatos, ya sea en períodos estivales o fuera de ellos».
La representación legal de ambos inculpados recuerda además que se trata de profesionales que «trabajan por cuenta ajena» para la Protectora, «sin que realicen ninguna actividad privada propia» en estas instalaciones «ni en ningún otro lugar».
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