Siempre hemos entendido y transmitido repetidas veces que la práctica de la caza es necesaria e imprescindible para mantener el equilibrio ecológico, evitar daños a la agricultura, reducir el número de accidentes de circulación, generar empleo y fijar población en el medio rural.
Además genera 6.500 millones de euros anualmente y empleo a 187.000 personas. Sin embargo, no deja de ser sorprendente así y todo que los políticos cada vez más alejados del mundo rural -incapaces de distinguir una liebre de un conejo- adopten un día sí y otro también medidas restrictivas carentes del más mínimo soporte científico.
Según la encuesta de Narciso Michavila de la consultora GAD-3, el 71% de los encuestados se posiciona a favor de la caza para gestionar la fauna silvestre y no ganará las elecciones nacionales el PSOE, entre otros asuntos por dar la espalda al mundo rural y al cinegético.
Muchas veces he apuntado que 4.000.000 de personas tienen una relación directa o indirecta con la caza con capacidad para mover los cimientos políticos de este país.
Así las cosas, me da la sensación que la manifestación de cazadores, pescadores y medio rural en el Paseo de la Castellana de Madrid el próximo 20 de marzo va a marcar un antes y un después a tanta persecución injusta a todas luces que están sufriendo unos cazadores que son un empleo de andar por el campo y por la vida.