La caza ya no es una afición, es una obligación y nosotros debemos de correr con todos los gastos

La caza ya no es una afición, es una obligación y nosotros debemos de correr con todos los gastos

Huelga indefinida de cazadores: reivindican su papel en el control de la población de jabalíes, muy elevada en varias zonas de Cataluña, y denuncian que el Govern aprobara una nueva normativa que convierte los delitos y faltas en sanciones muy graves.

La provincia de Girona cuenta con zonas con la mayor densidad de población de jabalíes, como la de Les Gavarres, en el Empordà, donde se está viviendo con cierta tensión y angustia la elevada presencia de estos animales. De hecho, algunas de estas poblaciones, como Santa Cristina d’Aro o Platja d’Aro, se encuentran en alerta cinegética

Éstos representan un verdadero problema para los payeses y agricultores de la zona, pero también para la seguridad vial e incluso la sanitaria. En este contexto, las asociaciones de cazadores de la zona juegan un importante papel en lo que se refiere al control de estas poblaciones, pero desde hace unos tres meses su actividad es prácticamente nula, primero por las restricciones propias del estado de alarma y segundo, porque desde hace unas tres semanas, el colectivo se encuentra en huelga indefinida.

Desde hace tiempo, los cazadores catalanes se sienten maltratados por la administración, a la que acusan de recurrir a sus servicios para controlar la sobrepoblación de las diferentes especies animales y mantener el equilibrio medioambiental y, sin embargo, ésta no les ofrece ninguna clase de apoyo ni procura facilitarles su tarea. En este sentido, denuncian que «los agricultores nos llaman cuando los jabalíes destrozan sus campos y nosotros tenemos la responsabilidad de colaborar con ellos cuando los destrozos representan al menos el 20% de su cultivo y entonces hacemos batidas para minimizar estos daños», explica Manel González, presidente de la asociación de cazadores de Santa Cristina d’Aro, en el Baix Empordà, quien sin embargo lamenta que «somos nosotros quienes hemos de correr con todos los gastos que se derivan de esta actividad, como los del veterinario para nuestros perros». Es más, la veintena de grupos de cazadores que actúan en el área de Girona registraron durante la última temporada unos gastos en veterinario de 180.000 euros.

Es por ello que González, como tantos otros cazadores, considera que «la caza ha pasado de ser un hobby para nosotros a ser casi una obligación, porque hemos de colaborar con los payeses cuando nos lo piden ya que, de otro modo, estaríamos faltando a nuestra responsabilidad». En la misma línea, Sergio Sánchez, presidente de la Federación Catalana de Caza, constata que «la caza ya no es una afición, es una obligación y nosotros hemos de correr con todos los gastos». «Nadie nos ayuda pero todo el mundo nos obliga y encima estamos mal vistos por la sociedad», añade, mientras que Alfons Pelegrina, secretario de la asociación de cazadores de Llagostera, comenta al respecto que «la administración nos considera ya como exterminadores de plagas de animales; hay tanta población de jabalís que parece que cazar es nuestra obligación y ello es ruinoso para nosotros».

10.000 euros en pérdidas

Al respecto, uno de los payeses de la zona con más peso, pongamos que se llama Jordi –es un nombre ficticio porque prefiere preservar su identidad-, asegura que “es necesario reducir la población de jabalís a niveles sostenibles, puesto que éstos causan daños muy importantes en nuestros cultivos y además son transmisores de enfermedades”. “En verano nos destrozan los campos de maíz y hemos llegado a tener pérdidas de hasta 10.000 euros, mientras que en los cultivos de invierno de cereales y forrajes, los daños alcanzan los 5.000 euros”, señala Jordi, quien además apunta que “esos forrajes son los que utilizamos para alimentar a nuestros animales de granja y éstos podrían convertirse en fuente de transmisión de enfermedades”.

En este contexto, Jordi es plenamente consciente del papel que juegan los cazadores, a los que considera pieza clave en el proceso de control de las poblaciones de jabalís. “La proliferación de estos animales se ha ido incrementando con los años y no se ha conseguido controlar y ahora son los cazadores quienes se han visto obligados a hacer frente a esta situación ellos solos, es decir que el incremento de la población de ciertos animales, en este caso de jabalís, ha llevado a unos deportistas ha asumir el peso del control de la fauna, convirtiendo lo que en un inicio era su hobby en una obligación”, comenta el payés, quien sin embargo también apunta que “los cazadores no quieren que los agentes rurales se metan también en la gestión de estas poblaciones porque sienten que están haciendo un trabajo que les es propio”.

Sanciones desmedidas

Así las cosas, el pasado 29 de abril, en pleno estado de alarma, la Generalitat aprobó la Ley 5/2020 de orden de vedas y desde entonces el sector de la caza en Cataluña se mantiene en pie de guerra. Este colectivo comparte la necesidad de actualizar la ley estatal, que data de 1970, pero considera que la nueva normativa catalana establece unas sanciones desmesuradas, desproporcionadas y poco acordes con la realidad actual.

En definitiva, los cazadores catalanes se sienten maltratados por el gobierno autonómico y por ello han decidido cesar su actividad hasta llegar a un acuerdo con la administración, a la que acusan de haber redactado la nueva normativa a sus espaldas y sin consultarles. Y es que ahora, «una sanción que antes podía rondar los 100 euros, se ha incrementado hasta los 3.000», destaca Manel González, mientras que Pelegrina denuncia que «ahora, por atravesar un camino con la escopeta cargada nos imponen una multa de 3.000» y si bien esta sanción podía tener sentido en su día, cuando apenas existían caminos en los espacios forestales, en la actualidad ésta parece desfasada y desproporcionada puesto que los espacios de caza están repletos de caminos.

Huelga indefinida

En realidad, esta nueva ley de sanciones es solo la gota que ha colmado el vaso. “Se trata de un cúmulo de cosas que han hecho que acabáramos petando”, admite González. El tener la obligación de cazar para controlar a la población de jabalís o de cualquier otro animal, las trabas con las que se encuentran los cazadores para desarrollar esta labor, los gastos que ello conlleva, la falta de apoyos por parte de la administración y la escasa colaboración con los agentes rurales, así como el escaso o nulo reconocimiento de su tarea por parte de las autoridades y la población han acabado con la paciencia de este colectivo, que exige a la administración una rectificación en la nueva normativa de sanciones y una actualización de la ley relativa a la actividad cinegética.

El problema es que, como pone de relieve Pelegrina “si no se llega a un acuerdo y los cazadores no volvemos a salir, se multiplicará la población de jabalís”. “Con el confinamiento, la naturaleza volvió a su lugar y los animales han bajado a los núcleos urbanos”, pese a que durante el estado de alarma los forestales intervinieron cuando la situación así lo requirió, pero si además la huelga de cazadores se prolonga en el tiempo, si no se llega a un acuerdo con la administración, “la situación puede acabar siendo insostenible”. “Si un jabalí acaba atacando a alguien, ¿de quién será la responsabilidad?”, se cuestiona Pelegrina.

En este sentido, Sergio Sánchez destaca que “la población de estos animales crece a un 18%” y se estima que si “dejásemos de cazar en un año ésta aumentaría en un 40%”, con los problemas que ello conlleva. Por un lado, el descontrol de esta población afectaría directamente al sector agrícola, puesto que se incrementarían los daños a sus cosechas de forma exponencial. Por otro, supondría un riesgo para la seguridad vial y prueba de ello es que, como pone de relieve el estudio AXA, los accidentes de tráfico en los que se ha visto involucrado un jabalí han aumentado en los últimos años un 40%. Y por último, un incremento descontrolado de la población conllevaría un riesgo para la salud pública, ya que éstos pueden transmitir diversas enfermedades a los animales domésticos, algunas tan graves o preocupantes como la fiebre porcina africana. En este sentido, Ricard Parés, gerente de PorCat, señala que “aunque las granjas de cerdos están blindadas para evitar el contacto de sus animales con los jabalís y en Cataluña existen pocas explotaciones extensivas en las que esto se pudiera producir, el riesgo cero no existe y siempre es posible que entren en contacto”.

Fuente. larazon.es