La Federación de Caza de Castilla y León se hace eco, a través de un comunicado, de la situación a la que han de enfrentarse con la «subida brutal de más de un 60% en las tasas administrativas que los gobernantes de Castilla y León quieren cobrar a los cazadores».
«Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
Art. 5. Las autoridades, funcionarios públicos, agentes u otro tipo de personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma que con dolo, culpa o negligencia graves exijan una tasa o un precio público indebidamente o adopten resoluciones o realicen actos que infrinjan la presente Ley o las demás normas reguladoras de esta materia, incurrirán en las responsabilidades que establece la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
Art. 7.4. Cuando se autorice por Ley, con subordinación a los criterios, límites y elementos de cuantificación que determine la misma y a los que establece esta Ley, se podrán concretar mediante norma reglamentaria las cuantías exigibles para cada tasa.
Empezar un artículo citando una Ley puede parecer un tanto pretencioso en la forma, aunque si lo que contiene en el fondo es la denuncia de una subida brutal de más de un 60% en las tasas administrativas que los gobernantes de Castilla y León quieren cobrar a los cazadores, la cosa se entiende. Tampoco vamos a decir que la literalidad del artículo 5 de la citada Ley sea totalmente aplicable al caso que nos ocupan (sí el 7.4), pero puede ser un buen punto de partida para entender la actual situación que sufrimos los ciudadanos u otra interpretación de la Ley, cuestión de la que sabemos mucho los cazadores (aplicación particular de la norma en responsabilidad por accidentes en carretera).
Lo que pretenden nuestros administradores con las tasas de la caza refleja ineficacia y demuestra prepotencia con afán recaudatorio sin especificación previa de las causas razonadas que nos deben como administrados que somos.
Si la crisis económica, que tan brillantemente nos han legado los políticos, ha logrado que muchos cazadores hayan tenido que colgar sus aperos, ahora, esta medida parece ya más bien encaminada a terminar directamente con este colectivo que año tras año no hace sino perder miembros activos en sus filas. Los que administran, ahora tapan su ineficacia con medidas contra los grupos que menos guerra les dan, aunque creemos que ya es hora de planteamientos más beligerantes por nuestra parte para conseguir un tratamiento más honorable.
Las tasas, a diferencia de otros impuestos, son tributos cuyo cobro a los contribuyentes sólo se puede producir por la utilización por estos del dominio público o de un servicio prestado por la Administración y no deben suponer una fuente de ingresos adicionales para las arcas públicas. Para que esto sea así, la ley exige un presupuesto previo de los costes de estos servicios, que dividido por el número de usuarios permite calcular el importe de la tasa.
Difícilmente se justifica en estos momentos un incremento de las tasas en base al incremento de costes cuando los recortes son los protagonistas de la escena. Los salarios de los funcionarios encargados de tramitar las licencias, por ejemplo, no sólo se han congelado sino que se han visto reducidos en varias ocasiones. Los despidos de empleados públicos tampoco favorecen una mejor gestión ni suponen un gasto añadido sino todo lo contrario. La reciente suspensión de los cupos de caza en las Reservas Regionales tampoco supone precisamente una mejora en los servicios prestados al cazador ni un incremento en los gastos.
De existir una justificación para el incremento pretendido sólo podría venir por la disminución del número de licencias expedidas, lo que ni mucho menos es causa, porque ya se ha compensado sobradamente con la radical disminución del número de empleados públicos dedicados a su gestión. A esto habría que añadir que la informatización acometida desde hace unos años debería haber reducido el precio de la licencia de caza por su menor coste de expedición, lo que no se ha producido.
Como en muchos otros casos de tasas y precios públicos, los incrementos anuales se realizan en la práctica con el fin de cuadrar un presupuesto, obviando siempre la necesaria justificación del trámite de determinación del presupuesto de gastos e ingresos.
Por todo lo anterior, no nos duelen prendas en decirles que los cazadores nos resistimos a seguir aportando cantidades ingentes en tasas, gravámenes, licencias, aranceles, cánones, recargos, indemnizaciones por daños y todo lo que se les ocurra, añadidos a los gastos por alquileres de cotos, armas, cartuchería, desplazamientos, piensos, perros, seguros, medidas de seguridad, y todo ello para disfrutar de unas pocas jornadas de caza al año, sujetas a planes técnicos de dudosa eficacia, y para volver a casa sin ver una perdiz, a pesar de lo que aportamos, por el nulo control en nuestros campos sobre las actuaciones agrarias agresivas (tipos de siembras, períodos y formas de recogida, pesticidas, herbicidas, quemas incontroladas), la escasa vigilancia del furtivismo, y en general la degeneración de los hábitats amenazados sobre todo por la incapacidad e ineficacia manifiesta de la Administración.
Que nuestro deseo por salir al monte no nos nuble nuestra capacidad de ser críticos con la Administración. La unión de los cazadores en la Federación de Caza nos permite exigir como colectivo afectado la congelación de las distintas tasas sobre la caza mientras no se justifique sobradamente y conforme a Derecho su modificación.
Este colectivo ya no da para más. Si en vez de tratar de aumentar ingresos exprimiendo a los cazadores y a otros colectivos de a pie se redujeran, como ocurre en todos los sectores, incluida la Administración, los puestos y privilegios de los políticos (han conservado hasta la fecha sin limitación todos sus cargos), entonces se predicaría con el ejemplo. Hasta entonces nos encontrarán enfrente».
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