La jueza que
investigaba la matanza de
cinco lobos durante una
cacería en
Camaleño en
diciembre de 2013 ha
decretado el sobreseimiento
provisional y archivo de la
causa, según
informó ayer el
Diario
Montañés, en
la que inicialmente
estuvieron imputados un
agente del Seprona de la
Guardia Civil y otros cuatro
cazadores.
Tanto la magistrada
como el fiscal entienden que
no se trata de un delito penal
sino de una infracción
administrativa por
«extralimitació
n de lo autorizado»,
porque la batida contaba con
autorización.
Así, se argumenta
que no es un supuesto de
caza furtiva, al tratarse de
una cacería
autorizada de jabalí
en la que se podía
matar un lobo y se abatieron
cinco ejemplares «de
más». Se
señala,
además, que el lobo
no está catalogado
como especie amenazada,
que su caza no está
prohibida sino sometida a
régimen
cinegético especial, y
que la normativa regional
permite abatir un ejemplar
de lobo durante las batidas
autorizadas de
jabalí.
El auto de la titular del
Juzgado de Primera Instancia
e instrucción de San
Vicente de la Barquera
está recurrido en la
Audiencia Provincial por
Ecologistas en Acción
y la Asociación para
la Conservación y
Estudio del Lobo
Ibérico (ASCEL), dos
de los colectivos ecologistas
que denunciaron la matanza
ante la Fiscalía.
Ambos colectivos sostienen
que la caza de cinco lobos
fuera del cupo autorizado
para la batida «no es
una extralimitacion»
sino una conducta
«expresamente
prohibida» por la
normativa regional, que
establece que la caza de esta
especie es
«excepcional».
Su recurso ha sido rechazado
por la jueza instructora por lo
que han presentado recurso
de apelación ante la
Audiencia Provincial.
Apoyo en la
fiscalía
El Ministerio Fiscal
elevó la denuncia de
los ecologistas al juzgado, lo
que derivó en la
apertura de diligencias de
investigación por un
presunto delito de fauna y
flora silvestre. Sin embargo,
tras la instrucción, la
Fiscalía propone el
archivo de la causa y la jueza
asume
«íntegramente
» su
argumentación.
Según recoge el auto,
las diligencias han permitido
probar que los cinco lobos
fueron abatidos en la
cacería autorizada de
jabalí celebrada el 1
de diciembre de 2013 en la
Reserva Regional de Caza
Saja-Besaya, en la que
participaron 34 cazadores,
acompañados de un
técnico auxiliar del
medio natural.
Igualmente, ha quedado
probado que uno de los lobos
fue abatido con el arma del
agente del Seprona de la
Guardia Civil imputado. En
su recurso, los ecologistas
censuran que al auto de
archivo no diga nada sobre la
participación de un
agente y técnicos
auxiliares del medio natural,
que según denuncian,
«no dieron
cuenta» de la matanza
de los cinco lobos, sino que
lo «ocultaron»,
como «se
ocultó los
cadáveres entre la
maleza».
En este sentido,
advierten de que se trata de
«autoridades con el
deber de hacer cumplir la
ley» y algunos
específicamente leyes
como la que en su
opinión se
vulneró, lo que a su
entender constituiría
un posible delito de
prevaricación
omisiva.
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