En la tarde de
ayer quedó aprobada
definitivamente en las Cortes
Regionales la Ley de Caza de
Castilla-La Mancha, tras un
largo proceso de
tramitación que no ha
estado exento de
polémica,
principalmente por la radical
oposición a la nueva
normativa de los grupos
ecologistas y del PSOE, que
llegó a presentar una
enmienda a la totalidad. Y
también por la
retirada de su apoyo, a
última hora, de la
Asociación de
Titulares de Cotos, Cazadores
y Actividades afines al
sector, Atica.
Sí ha recibido el
respaldo de la
Federación de
Cazadores y de Aproca,
además del Partido
Popular, que consideran que
con esta ley se profesionaliza
el sector. Además de
sustituir una ley, la de 1993,
que se había quedado
obsoleta.
En su defensa de la ley,
la consejera de Agricultura,
María Luisa Soriano,
aseguraba ayer en la tribuna
durante el Pleno de las
Cortes que se trata de una
normativa «mucho
más social»,
porque favorece y facilita la
caza a los aficionados de los
pueblos, a la vez que
garantiza la
conservación de la
naturaleza y la mejora
genética y sanitaria
de las especies
cinegéticas.
Recordó los
principales objetivos que
persigue la nueva ley, entre
los que destacó:
regular la actividad
cinegética de forma
ordenada, sostenible y
respetuosa con el medio
ambiente simplifica y
agilizando los
trámites
administrativos; regular la
caza haciéndola
compatible con otras
actividades; conseguir una
planificación integral
de la totalidad de los
terrenos cinegéticos;
proteger y aprovechar
ordenadamente los recursos
cinegéticos;
conservar el medio natural y
fomentar los hábitats
de las especies.
La consejera
defendió que la
normativa se ha elaborado
con una intensa
colaboración
pública «y gran
voluntad de acuerdo»
y recordó que a lo
largo del proceso de
exposición
pública, se aceptaron
-parcial o totalmente- un
total de 169
alegaciones.
Además,
incidió en que
durante el debate en la
Comisión de
Agricultura de las Cortes
regionales se aceptaron 24
enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y 20
del Popular, además
de una enmienda
transaccional presentada por
ambos grupos.
Indicó que el
texto cuenta con el apoyo de
todas las asociaciones del
sector cinegético de
Castilla-La Mancha, ya que
favorecerá la
simplificación
burocrática y
administrativa, la
profesionalización en
la gestión a
través de los planes
de ordenación y la
responsabilidad con los
planes zoosanitarios y el
control de la
genética.
María Luisa
Soriano lamentó la
actitud del Partido Socialista,
y criticó que se haya
posicionado con los grupos
que están contra la
actividad de la caza, y hayan
apoyado una serie de
planteamientos falaces que
nada tienen que ver con la
Ley de Caza, como que
permita disparar a perros y
gatos sueltos o que salirse de
un camino en un monte
público por una
necesidad fisiológica
suponga una multa de dos
millones de euros.
El PSOE pidió la
retirada
Desde las filas
socialistas, el portavoz de
Agricultura en las Cortes,
José Luis
González,
pidió en repetidas
ocasiones la retirada de esta
ley, al considerar que no ha
sido consensuada «con
casi nadie» del sector.
Recordó las 104.000
firmas recogidas pidiendo la
retirada del proyecto de ley y
la manifestación en
contra de la norma, por lo
que dijo que «si no se
ha hablado con casi nadie,
casi nadie ha participado, lo
lógico es que al final
la gente reaccione,
proteste».
Según los
socialistas, esta ley tiene un
«carácter
comercial e intensivo de la
caza», y «casi
el 99 por ciento de los
cazadores tampoco
están a favor de este
modelo de caza comercial e
intensiva». Su grupo
también se
mostró en contra de
la aprobación de la
caza con la técnica
del lanceo y en que se pueda
sancionar con multas que van
desde los 3.000 a los 30.000
euros por «salir al
campo a coger setas los
días previos a una
cacería», por
lo que pidió que se
hagan públicos los
días en que se
cazará en un
terreno.
En cambio, la diputada
del PP en las Cortes, Carolina
Hernández,
defendió el
carácter consensuado
de la norma, pues
indicó que, debido a
las alegaciones presentadas
por los colectivos y a las
enmiendas parciales
aprobadas, se han
modificado 51 de los 87
artículos de la
ley.
«Ha habido
participación
ciudadana, de los sectores
implicados y de los grupos
políticos. No puede
decir que es una ley sin
participación»,
criticó
Hernández.
Mientras, los grupos
ecologistas tuvieron ayer un
día agitado de
protestas. Primero lo hicieron
frente al Palacio de
Benacazón, en
Toledo, donde se celebraba
el II Congreso Internacional
de Tramperos, y
después en las Cortes
Regionales, en contra de la
nueva Ley de Caza, al
considerar que retratan
«un tiempo de
decadencia» y un
«fracaso» de la
sociedad.
Sin embargo, los
responsables del congreso,
organizado por la
Asociación de
Tramperos de España
(ATE), y al que asisten
más de un centenar
de personas de diferentes
partes del mundo,
defendieron que esta
conferencia tiene un
carácter puramente
técnico y busca
profesionalizar esta
actividad.
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