Los municipios
leoneses incluidos en el
Parque Nacional de Picos de
Europa podrán seguir
disfrutando de los beneficios
que la caza aporta a su
territorio de manera
indefinida gracias a la
enmienda que el Grupo
Popular en el Senado ha
introducido en el proyecto de
Ley de Parques Nacionales
minutos antes de que se
cerrara el plazo.
Esta enmienda elimina la
prohibición de cazar y
de aprovechar los recursos
forestales e
hidrológicos de los
parques nacionales que la
anterior legislación
aprobada en el 2007
promovía de forma
gradual. El por entonces
Ministerio de Medio Ambiente
otorgó una moratoria
de diez años a estos
municipios para que
progresivamente fueran
abandonando este tipo de
actividades al tiempo que
proponía la
negociación de una
serie de compensaciones por
el cese de estas
prácticas. A tres
años para que esa
moratoria llegara a su fin,
ninguno de los dos
municipios del parque,
Posada de Valdeón y
Oseja de Sajambre, han
vuelto a tener noticias de
estas indeminzaciones que ni
siquiera se llegaron a
calcular.
Con esta enmienda el
Gobierno evita tener que
enfrentarse a una
negociación en la que
los alcaldes de la zona
habían anunciado
batalla, ya que no estaban
dispuestos de dejar de
percibir los importantes
ingresos que la caza deja al
año en sus territorios,
a cambio de un pago
único que a todas
luces se preveía
insuficiente.
En la retina de los
alcaldes está la
negociación en 2010
del municipio asturiano de
Amieva, ubicado en la
vertiente asturiana del
parque, que llegó a
un acuerdo con el Estado
para deja de cazar rebecos
en sus 1.500
hectáreas de reserva
a cambio de una
indemnización de 2,4
millones de euros. Por eso
desde León siempre
se ha defendido que la parte
proporcional que
tendría que recibir
Sajambre y Valdeón
para dejar de cazar corzos,
rebecos, ciervos,
jabalíes y lobos en
sus 24.000 hectáreas
de reserva sería
incalculable e inasumible por
parte del heraldo
público.
Por su parte, las cinco
grandes organizaciones de
conservación de la
naturaleza en España,
Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF consideran que el
proyecto de Ley debilita la
cohesión y fortaleza
de la red y destruye las
herramientas de
conservación.
Lo que más
críticas suscita entre
los conservacionistas es que
los populares dan amplio
margen de maniobra a los
titulares de derechos
particulares para que puedan
practicar actividades de todo
tipo así como la
postestad para decidir si
voluntariamente quieren
negociar con el Estado el
cese de algunas de
ellas.
«La enmienda 278
plantea, sencillamente, la no
entrada en vigor del
régimen
jurídico de
protección de un
parque nacional hasta que el
propietario titular de los
terrenos no lo decida»,
denuncian los ecologistas.
Cargando...
