La ONC, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) considera un sinsentido la Iniciativa Legislativa Popular de Protección de los Animales aprobada ayer por el Parlamento de la Rioja. Se trata de una legislación que ha salido adelante una vez que dieron la espalda al mundo rural los diputados autonómicos de Podemos, Ciudadanos y PSOE, que dieron el visto bueno a un texto que supone un duro golpe al sector cinegético y que, además, da mucho poder a las entidades animalistas.
Entre otras cosas, esta norma contempla que entidades animalistas desarrollen labores de policía, sanciones desproporcionadas, obligatoriedad de castración de perros que vayan a ser cedidos entre particulares sean cuales sean sus circunstancias, servicios de recogida y atención a fauna urbana, doméstica y salvaje activos las 24 horas del día en municipios de más de 10.000 habitantes, la prohibición de los animales en los espectáculos, un aumento de la burocracia… y un incremento exponencial de las obligaciones de los propietarios de animales.
La ONC opina que existen dudas sobre la legalidad de una norma que parece contradecir principios constitucionales desde su misma exposición de motivos, por lo que va a estudiar si es posible frenar su aplicación desde el ámbito jurídico.
Por otra parte, la ONC lamenta la escasa movilización del sector ante una norma que puede marcar un antes y un después en la normativa de protección animal en España.
La ONC, junto a su entidad asociada ARRECAL, ya presentó un exhaustivo dossier y alegaciones y se trasladó hace 2 años a La Rioja para mantener reuniones de trabajo en el Parlamento riojano, y ayer ambas participaron en la concentración celebrada frente a ese mismo Parlamento junto a la Federación de Caza de La Rioja.
Para la Oficina Nacional de la Caza es imprescindible que el sector entienda la importancia de movilizarse y de dar un paso al frente ante un movimiento que hoy ha triunfado en La Rioja, pero que poco a poco se va extendiendo por toda España y cuyo objetivo final no es otro que la desaparición de la caza en nuestro país.
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No sé por qué me da que esto lo han hecho para acallar esas voces correosas de los animalistas que, al final, aburren.
Como sugiere el artículo, la legalidad está lejos de ser real. Por ejemplo, no pueden hacer labores de policía en un coto privado, si es una finca privada NO pueden entrar porque no son agentes de la autoridad. Lo de la castración de los perros no lo he entendido, y casi mejor me quedo así, porque no quiero hacerme mala sangre. La recogida de animales sí, eso sí que les interesa para que unos cuantos puedan vivir del dinero público haciendo el trabajo de los funcionarios, privatizando servicios públicos. Eso sí que les interesa: el objetivo es vivir sin trabar del erario público. Así son muchísimos animalistas. Esa es su conciencia (liberal-económica).