La Oficina Nacional de la Caza (ONC), aun expresando su satisfacción por el texto actual de la modificación de la Ley de Montes, que podría solucionar el problema de los daños a la agricultura y los accidentes de tráfico causados por fauna cinegética, ha entregado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) las alegaciones al borrador de esta norma.
En cuanto a lo desarrollado en la Ley de Montes, relativo a la competencia del Estado en la coordinación de la actividad cinegética en España, Juan Antonio Sarasketa, presidente de la ONC, ha pedido que, más allá de los aspectos sanitarios, la evolución de las especies exóticas, los censos o la homologación de métodos de control de predadores, el MAGRAMA debe participar en dos aspectos fundamentales: la coordinación anual de las órdenes veda en las diferentes regiones a través del Comité Interautonómico y el desarrollo de un plan conjunto nacional de recuperación de la perdiz roja dentro de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Cinegético.
Donde la ONC se ha mostrado más crítica es en el desarrollo del documento multilicencia, considerando la propuesta del citado borrador como un parche a la demanda real de los cazadores españoles de contar con una licencia única en nuestro país, y ha solicitado que dicho documento pueda ser, al menos, solicitado por vía telemática, cuestión que no ha sido planteada por el MAGRAMA.
Respecto a los accidentes de tráfico, la ONC se muestra satisfecha con los dos borradores de la Ley de Montes que maneja el Ministerio, ya que en ambos el titular del acotado queda exento de la responsabilidad de los mismos excepto si se producen como consecuencia de una acción de caza colectiva llevada a cabo el mismo día del siniestro.
La ONC también ha dado su aprobación al apartado de los daños a la agricultura producidos por fauna cinegética, ya que la futura Ley de Montes contemplaría que para hacer responsable de los mismos al titular del aprovechamiento sería necesario un incumplimiento del plan técnico, modificando así la Ley de Caza de 1970, aunque ha desarrollado de forma amplia una modificación de la responsabilidad de los daños en las zonas de seguridad, con el objeto de evitar la responsabilidad del titular del coto si es ese el origen de los daños.
Todas estas alegaciones han sido el fruto de las aportaciones de todas las entidades integradas en la ONC y que no son sino el fruto del trabajo de muchos años de negociación con diferentes organismos, destacando el trabajo realizado por las siete federaciones autonómicas de caza que se han incorporado recientemente (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra) a este organismo y que durante tantos años han estado trabajando para la consecución de este texto.
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