La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) rechaza la nueva propuesta sobre la modificación de la directiva europea de armas de fuego que se va a estudiar en el “Grupo de Cuestiones Generales Incluida la Evaluación” (GENVAL) del Consejo de la UE en los próximos días. Una propuesta que parece llega por la vía de urgencia tras los terribles ataques terroristas ocurridos en Bruselas el pasado 22 de marzo.
La ONC recuerda que los ataques terroristas no se perpetran con armas conseguidas en el mercado legal. En este sentido, los representantes del sector cinegético señalan que tras el último ataque se ha vuelto a dar un paso atrás y se quiere apostar por medidas que reúnen cuatro características: precipitadas, poco meditadas, poco eficaces para el fin que persiguen y desproporcionadas. Así, únicamente afectarán a los que adquieren armas de forma legal dentro de los marcos normativos establecidos en cada Estado Miembro, especialmente los tiradores deportivos, los cazadores, los coleccionistas, museos y comerciantes.
Por todo ello la ONC confía en que el Gobierno español aplique el sentido común y la prudencia y, junto con otros gobiernos, se posicione de forma clara en contra de esta iniciativa, apostando por medidas realmente eficaces para frenar el terrorismo internacional.
Entre otras cosas, la propuesta del Consejo de la UE aumenta las tipologías de armas legales a prohibir, sea cual sea su uso; aumenta los costes y la burocracia actual al situar en cinco años el límite de autorización de los permisos de armas; complica las ventar por internet entre particulares y, sobretodo, modifica la definición de componentes esenciales del arma para incluir, incomprensiblemente, el cargador y la cámara, estableciendo parámetros para su identificación. Tampoco queda suficientemente claro la posible e injustificable retroactividad de la norma. Además, se establecen nuevos requisitos de almacenamiento que aumentarán los costes para los particulares y se establecen limitaciones sobre las personas autorizadas para reparar o ajustar armas e, incluso, para preparar munición propia.
La Oficina Nacional de la Caza, única entidad española miembro de la FACE (Federaciones de Asociaciones Europeas por la Caza y la Conservación), confía en que sea posible frenar estas modificaciones normativas.