La Oficina Nacional de la Caza (ONC) mantuvo el pasado 15 de abril una nueva reunión con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el objeto de seguir desarrollando el borrador de la Ley de Montes, texto que solucionará dos grandes problemas para la caza y el sector cinegético español: los accidentes de tráfico y los daños a la agricultura causados por especies cinegéticas. En ambos casos la reforma excluirá como responsable al titular del coto, salvo en aquellos casos en los que el accidente sea consecuencia directa de una acción de caza, o si se incumple el plan técnico correspondiente, en el caso de los daños agrícolas.
A la reunión, que duró más de dos horas y se celebró en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, acudieron los presidentes de las federaciones de caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, Navarra, José Angel Remírez, y el presidente de Aproca España, Luis Fernando Villanueva, en representación de la Oficina Nacional de la Caza de la que todos forman parte.
LA ONC, aún valorando el primer borrador de la reforma y la disposición del Gobierno a solucionar los problemas de los cazadores de una manera muy positiva, hizo entrega de diferentes modificaciones del texto a los representantes ministeriales. El objetivo de estas puntualizaciones simplemente es el de aportar aún más claridad al texto, para garantizar una correcta interpretación de la Ley en los diferentes juzgados.
Es el caso de los accidentes de tráfico, donde los representantes de los cazadores propusieron un texto para su inclusión en la Exposición de motivos de la Ley, ya que para la ONC los jueces en muchas ocasiones se han basado más en este preámbulo de la Ley que en el articulado en sí a la hora de dictar sentencias.
En cuanto a los daños a la agricultura, el punto que la ONC consideraba más conflictivo y donde volcó todo su esfuerzo para modificar el texto en aras de una mayor seguridad jurídica, es el que alude a la responsabilidad cuando los daños tengan como origen las zonas de seguridad. En este sentido, los representantes del sector cinegético expusieron con rotundidad que en ningún caso pueden ser responsables los titulares de cotos colindantes a estas zonas.
Es el caso de carreteras y vías férreas, caldo de cultivo para la proliferación de especies como el conejo, o las vías pecuarias. En los dos primeros casos está completamente prohibida la actividad cinegética con arma de fuego y sólo puntualmente se conceden permisos para paliar los daños. En este caso, desde la ONC señalaron que el hecho puntual de la concesión de estos permisos no se puede aprovechar para derivar la responsabilidad al titular del coto.
Asimismo, propusieron excluir de la responsabilidad de los daños a la agricultura a los titulares de los cotos de caza cuando se produzca un vedado impuesto por la administración, circunstancia ésta que no figuraba en el actual texto.
Finalmente, los representantes del sector cinegético presentaron modificaciones en otros apartados de la Ley de Montes. Es el caso del documento multilicencia, el cual solicitaron que pueda ser gestionado por vía telemática, o el de la armonización de la normativa cinegética, para la que reclamaron una coordinación anual de las órdenes de veda de cada región, al menos como documento marco, con el objetivo de que cada autonomía tenga una base nacional antes de aprobar sus respectivas órdenes de veda.
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