La
reordenación de la
zona de seguridad, el
área excluida de caza
en Gijón, ha recibido
durante el periodo de
exposición
pública tres
alegaciones, procedentes del
Ayuntamiento
gijonés, la
Federación de
Asociaciones de Vecinos
Rurales de Gijón,
‘Les
Caseríes’ y la
sociedad de cazadores de
Siero y Noreña
‘Valle del
Nora’.
Los tres reclaman al
Principado que, en vez de
reducir los terrenos en los
que se permite la caza, tal y
como ha dispuesto el
ejecutivo regional en su
propuesta de
reordenación, se
permita la actividad
cinegética en nuevos
espacios.
El objetivo primordial es
el de acabar con una
superpoblación de
jabalíes que en los
últimos años
ha venido amenazando las
parroquias más
cercanas a la zona urbana, y
que han ocasionado
cuantiosos daños en
fincas, como los registrados
en el campo de golf de La
Llorea o en numerosas
propiedades
particulares.
Pero con la propuesta
regional, el espacio en el que
se permite cazar no
sólo no aumenta,
sino que disminuye en 113
hectáreas. Un
aumento de la zona de
seguridad que la
consejería de
Agroganadería y
Recursos Autóctonos
considera «muy ligera». A
esta zona de seguridad se
habrían incorporado
«terrenos que pertenecen a
zonas industriales o
áreas con alta
densidad de
población en las que
no sería posible esta
práctica», indican
fuentes de la
consejería. Se
trataría de zonas de
Porceyo, Roces, el
polígono de Somonte
o los terrenos urbanizados de
la Zona de Actividades
Logísticas
(ZALIA).
Un cómputo que,
al final, hace que el
incremento de terrenos que
quedarían excluidos
del área de caza
permitida sea «ligero», a la
espera de resolver las
alegaciones. Los vecinos ya
mostraron desde el principio
su oposición a esta
nueva distribución,
porque con ella no se
atajaría la
sobrepoblación de
jabalíes.
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