La reforma de
la Ley de Montes aprobada el
pasado viernes por el
Gobierno ha sido recibida con
agrado por la
Asociación Forestal
de Soria (Asfoso), aunque el
articulado del nuevo texto,
que aún debe superar
el trámite
parlamentario para ser
efectivo, podría haber
mejorado, en opinión
de la organización.
Según el
Gobierno, el texto aspira a
«simplificar» la
gestión de estos
espacios forestales, ya que
disminuye sus clasificaciones
y que tipifica como delitos la
tala o la
comercialización
ilegal de madera, al tiempo
que crea nuevas figuras para
el aprovechamiento forestal
como los montes de
socios.
Precisamente este
último aspecto fue
uno de los más
valorados por el gerente de
Asfoso, Pedro Medrano. El
proyecto introduce una
mayor regulación en
el texto de la Ley en lo
relativo a los montes de
socios, que son los montes
en proindiviso en los que
alguno de los copropietarios
no está identificado.
En concreto, se regula la
creación de la junta
gestora y sus funciones. Con
esta definición se
otorgaría el
«reconocimiento»
; a un trabajo que se lleva
desarrollando desde hace
tiempo en la provincia a
través de Montes de
Socios, un término
acuñado en Soria
«que después
se ha ido propagando por el
resto» del territorio.
«Es toda la
línea de nuestro
trabajo».
En este mismo eje el
proyecto define las
sociedades forestales que
serán creadas por
iniciativa de los propietarios
forestales como instrumentos
de gestión agrupada
sin pérdida de la
titularidad, lo que
permitirá poder
aplicar economías de
escala.
Medrano puso el acento
en el saneamiento de la
propiedad de las cuotas
desconocidas, algo
«tremendamente
positivo» al entender
que se abren puertas de
recuperación de
montes comunes. En
cualquier caso,
comentó, «es
una parte que
requerirá de
interpretación
regional» mientras
anheló, «a ver
si somos capaces de
afinarla».
En relación a la
repercusión para
Soria, comentó que
se trataba de «una
buena noticia, estamos muy
contentos», pues se
trata de una provincia con
una superficie forestal
«igual que toda la
provincia de
Guipúzcoa y tener
todo esto parado para
nosotros es un lujo».
En cuanto a lo que pueda
suponer una vez que se
aplique, en primer lugar
destacó motivos
ecológicos, ya que a
través del articulado
de la nueva normativa
«los montes con un
deterioro ecológico
pueden ser
mejorados» con
intervenciones en ellos
después de largo
tiempo de
«abandono».&nb
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En segundo lugar
apeló a la
repercusión
económica que las
intervenciones tienen sobre
el territorio. En el caso de la
provincia, todas las
actuaciones desarrolladas por
Montes de Socios «se
reinvierten en los
pueblos», con la
consiguiente mejora del
medio rural. «Donde
había cero actividad
se ha generado y eso es muy
positivo»,
manifestó el gerente
de Asfoso.
Finalmente
destacó el punto de
vista
«emocional»,
dadas las
«tantísimas
personas vinculadas a los
pueblos, aunque vivan en las
ciudades, y que todo esto
salga adelante es muy
positivo». En este
sentido cabe recordar que
Asfoso, en
colaboración con la
Fundación
Biodiversidad, está
desarrollando desde el
pasado mes de noviembre un
plan de coemprendimiento
verde en el medio rural para
volver a usar la tierra.
Precisamente ayer
habilitó el primer
módulo
práctico dedicado a la
truficultura. Más de
un centenar de personas ya
están desarrollando el
campus virtual
teórico.
Otras novedades
El proyecto de la Ley de
Montes incorpora las
novedades en la normativa
de la Unión Europea
en lo relativo a la
tipificación de las
infracciones y sanciones
correspondientes a los
incumplimientos previstos en
la legislación
comunitaria, en materia de
lucha contra la tala ilegal y
el comercio ilegal de la
madera. De este modo,
según el Gobierno
«se mejora» la
clasificación de las
sanciones para tener en
cuenta como factor de
ponderación de la
gravedad de la
sanción no
sólo el tiempo que
tarda el daño causado
en recuperase sino
también el coste
económico de su
reparación.
En el marco del proyecto
de Ley se incorporan las
bases para elaborar una
Estrategia Nacional de
Gestión
Cinegética, junto con
las comunidades
autónomas,
así como un registro
nacional de infractores de
caza y pesca para facilitar la
implantación del
mecanismo de
reconocimiento mutuo de
licencias de caza entre las
distintas regiones.
La Oficina Nacional de la
Caza valoró ayer
algunos de los puntos de la
futura normativa, aunque
criticó otros, como la
posibilidad de poner en
marcha una
«verdadera
coordinación estatal
en materia
legislativa».
También
mostró su
disconformidad con la
reforma «por la
omisión de una
disposición adicional
que regulaba la
responsabilidad por
daños de especies
cinegéticas en la
agricultura y la
ganadería», un
hecho que, según le
consta, «ha sido fruto
de la presión de
diferentes comunidades
autónomas para su
supresión».
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