La RFEC y Artemisan han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que establezca los mecanismos necesarios para que el sector cinegético pueda participar en la negociación de la nueva Política Agrícola Común (PAC).
El presidente de la Real Federación Española de Caza, Ángel López Maraver, y el director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, han mantenido una reunión con el secretario general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, en la que le han trasladado el trabajo que ya está desarrollando el sector en este ámbito.
En este sentido, López Maraver y Villanueva han explicado cómo estas entidades están plenamente volcadas con el desarrollo de diferentes proyectos cuyo objetivo es el desarrollo en un futuro próximo de medidas agroambientales que permitan la recuperación de especies como la perdiz roja y otras aves esteparias ligadas a medios agrícolas. Así, expusieron los objetivos de los proyectos “RUFA”, con proyectos pilotos en seis comunidades autónomas y grupos perdiceros a nivel nacional; el proyecto “Interfield”, de intercambio de experiencias de investigación con Reino Unido y Francia en medidas agroambientales; y el Grupo Operativo Supraautonómico “Agrohábitat”, con la participación de investigadores, agricultores y empresas del sector agrícola, así como federaciones de caza.
Otro de los temas abordados fue la gran preocupación que existe dentro del sector con enfermedades como la mixomatosis, la tuberculosis o la Peste Porcina Africana, a pesar del contacto permanente entre el sector cinegético y la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, a través de la cual el sector está informando a los cazadores de la situación y evolución de cada una de estas especies. La RFEC y Artemisan han informado que el próximo mes de diciembre se está organizando el
desarrollo de una jornada nacional para exponer la problemática de estas tres enfermedades a todo el sector cinegético en España.
También se habló de la prohibición de la caza en Parques Nacionales a partir de 2020. El sector mostró su preocupación por los previsibles efectos de esta medida y solicitó el desarrollo de un grupo de trabajo con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales con el objetivo de plantear soluciones a una situación que supondría graves perjuicios para la socioeconomía de comarcas como Cabañeros, Monfragüe, Guadarrama o Picos de Europa, además de los perjuicios sanitarios y las compensaciones con las que el gobierno tendría que indemnizar a los propietarios de fincas por el cese de la actividad cinegética.
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