Los cazadores somos los primeros ecologistas. El sector de la caza es la principal fuente de inversión privada en materia de conservación medioambiental en España. Y es que el sector dedica 233 millones de euros a inversiones relacionadas con la conservación medioambiental, cantidad a la que hay que sumar los 54 millones que se destinan al mantenimiento y construcción de vías y caminos rurales, pantanos, podas, mejora del monte, cortafuegos y cortaderos, entre otras acciones. En total, casi 290 millones de euros invertidos anualmente en la conservación y mejora del mundo rural.
Así lo revela el informe ‘Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España’, elaborado por la consultora Deloitte, un documento que deja claro que “la actividad cinegética juega un papel importante en la preservación de la fauna silvestre”.
En este sentido, los terrenos gestionados para la práctica de la caza menor “conservan hábitats de gran valor ecológico” y muchas de las prácticas que allí se realizan desde el sector cinegético –uso de bebederos y comederos, mejoras del hábitat y control de predadores- benefician a especies no cinegéticas, como es el caso de numerosas aves rapaces y esteparias. Además, los cotos de caza que tienen buenas poblaciones de conejo de monte y perdiz favorecen la existencia de especies protegidas, como linces ibéricos y águilas imperiales. De hecho, las fincas donde mejor se está recuperando el lince en España son, precisamente, fincas de caza.
El informe de Deloitte, realizado a instancias de la Fundación Artemisan, señala, entre otras cosas, que el sector de la caza invierte cada año 15 millones de euros en gestión de puntos de agua y 41,46 millones en siembres. Además, casi 11.000 cotos participan en programas de conservación de especies protegidas y más de 26.000 desarrollan programas de concienciación y sensibilización medioambiental.
Los responsables de los cotos (titulares privados y sociedades), destaca el informe, apuestan por las buenas prácticas cinegéticas y medioambientales, evitando malas prácticas y con un control continuo sobre la fauna protegida. Asimismo, se promueve la vigilancia del mundo rural.
Al mismo tiempo, se realizan repoblaciones, se promueve la translocación de especies de zonas con daños a zonas habilitadas y debidamente autorizadas en las que hay escasez de población, se aportan alimentos y puntos de agua de los que se aprovechan todo tipo de animales silvestres, especialmente importantes en época de escasez, y se contribuye a reducir el número de individuos de ciertas especies, disminuyendo la competencia por comida y refugio y proporcionando unas condiciones más favorables para su supervivencia.
También la caza mayor “constituye una herramienta más dentro de la gestión ambiental”, ya que ciertas especies de ungulados (como ciervos y arruís) palían los efectos negativos de la desaparición de la ganadería tradicional extensiva, “contribuyendo así al mantenimiento de hábitats como la Dehesa y otros localizados en media y alta montaña y ayudando a prevenir incendios”. A su vez, las piezas de caza mayor proporcionan alimento a las aves carroñeras.
Y es que, señala el #InformeArtemisan “la caza bien gestionada puede ser muy positiva para el mantenimiento y conservación de las zonas rurales y los cazadores y gestores de cotos pueden ser custodios del territorio, convirtiéndose en piezas clave para la conservación de los ecosistemas”.