El pasado 10 de noviembre fue uno de los días más importantes que ha vivido el mundo de la caza en los últimos años. Durante esa jornada resultó elegido presidente de la Real Federación Española de Caza Andrés Gutiérrez Lara, revalidando su cuarto mandato al frente de esta institución. De esta manera mantiene las riendas del que hasta ahora ha sido el organismo más importante de representación de los cazadores en este país.
Y digo hasta ahora porque esa victoria, cuestionada moral, legal y judicialmente, ha propiciado que la mayor parte del sector cinegético (no ya sólo el del mundo federativo) haya mostrado su estupor e indignación una vez conocido el resultado. Una indignación que viene motivada por algo que ya le contábamos en nuestro anterior número y que ampliamos con datos exactos en éste: según aseguran las cinco federaciones territoriales más importantes de este país, el censo electoral habría sido modificado para sumar una representación injustificada a aquellas autonómicas afines a Andrés Gutiérrez y para restar votos a las que por otro lado eran críticas con su gestión y que, con toda seguridad, acabarían apoyando la candidatura de su rival. Fuese quien fuese.
De esta manera, el órgano presidido por Gutiérrez supuestamente hizo que aquellas grandes federaciones autonómicas que aglutinan al 65% de sus cazadores sólo tuviesen el 43% de los votos, mientras que el resto de pequeñas territoriales (que sólo suman el 35% de los federados) casi tuviesen casi el 50% de la asamblea. Aún así, la victoria de Gutiérrez fue ajustadísima, muy exigua: sólo cuatro votos de diferencia sobre los 118 del total.
Gran parte de este bochornoso espectáculo, por no decir su totalidad, es responsabilidad del Consejo Superior de Deportes. Él es el máximo responsable de que las supuestas irregularidades denunciadas por las federaciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón y Cataluña, no se subsanasen antes de los comicios, a pesar de haber sido advertido a través de la abrumadora cantidad de 24 recursos. Su Junta de Garantías Electorales se limitó a desestimar todos los recursos presentados sin abrir ninguna investigación ni detener el proceso ante las gravísimas acusaciones que se estaban virtiendo.
Esta “dejadez” por parte del CSD permitió que todo siguiese adelante y, tal y como era de esperar, Andrés Gutiérrez se hiciese con el triunfo, haciendo que lo que antes era una división enconada en el seno de la RFEC ahora se haya convertido en una fractura letal para la institución. Un gobernante que se hace con el poder teniendo en contra a una mayoría a la que no ha permitido ser soberana es un gobernante condenado al fracaso. Ninguna forma de gobierno puede prosperar cuando la masa social (y económica) que la sustenta la considera ilegítima, y mucho menos fraudulenta. Al menos en el seno de un régimen democrático, que es en el que por suerte nos encontramos.
Nos gustaría estar equivocados, pero nos tememos que la Real Federación Española de Caza se suicidó el pasado 10 de noviembre. O más bien la mataron. La RFEC ha muerto, al menos tal y como la hemos conocido hasta la fecha: como máximo órgano de representación de los cazadores. Su actual presidente, designado gracias al uso de unos métodos que la justicia ordinaria se encargará de decir en el futuro si fueron lícitos o no (algo que el CSD fue incapaz de determinar en primera instancia), es, como mucho, el presidente de los 138.000 cazadores que integran las federaciones autonómicas que lo votaron, muy lejos de los 390.000 que conforman la RFEC y a años luz del millón de personas que practicamos la caza en España.
La credibilidad de esta institución en general, y la de su presidente en particular, terminaron por desaparecer el pasado mes de noviembre y ahora son legión los cazadores que opinan que ni esa institución ni el señor que la preside representan a los federados, y mucho menos al sector, por lo que no debe ser un interlocutor que se siente, en nuestro nombre, ante ninguna administración. La que sea.
Desde estas páginas confiamos en que los mecanismos legales que la mayoritaria oposición de Andrés Gutiérrez ha puesto en marcha sean capaces de solventar cuanto antes esta peligrosísima situación, ya sea a través del hasta ahora aletargado Consejo Superior de Deportes o de la justicia ordinaria, porque cada minuto que pasa es un minuto perdido para la agonizante federación y para el abochornado mundo de la caza.
Editorial «Trofeo Caza y Conservación»
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