El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, aprobó el pasado 24 de enero remitir al Parlamento para su tramitación y posterior aprobación el proyecto de ley de Parques Nacionales en el que se expone que “la caza deportiva y comercial, así como la pesca deportiva y recreativa y la tala con fines comerciales serán incompatibles en los Parques Nacionales y, por lo tanto, no se podrán desarrollar en estos espacios”. Es decir, que la caza y la pesca estarán prohibidas en esos espacios protegidos.
Después de la dura lucha que están suponiendo el desarrollo y aprobación de la Ley de Seguridad Vial y la ley de Montes, que pueden solucionar los dos grandes problemas del sector cinegético español: los daños a la agricultura y los accidentes de tráfico, ha llegado ahora pero en el plano negativo la aprobación por parte del Gobierno español del proyecto de Ley de Parques Nacionales, a instancias del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
A pesar de que desde numerosas asociaciones, federaciones y del conjunto del sector cinegético se ha pedido que se permitiera cazar en los parques nacionales, entre otras razones, porque así se reconoce en la legislación comunitaria, que considera que la caza practicada con fines de conservación, juega un papel esencial en la protección del medio ambiente y en el mantenimiento de un buen equilibrio entre las especies, impidiendo la proliferación excesiva de ciertas especies que las expone al hambre y a las enfermedades y acarrea desgastes en la vegetación de las zonas sensibles, el gobierno del PP ha hecho caso omiso de tales obviedades.
Resulta, además, un contrasentido, escuchar, por ejemplo, a Basilio Rada, director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, persona que conoce perfectamente nuestro sector, en un acto organizado por Ecologistas en Acción, días antes de que el proyecto de ley de Parques Nacionales fuera aprobado por el Gobierno español, afirmar que “seguirá vigente la prohibición de cazar con fines deportivos o comerciales en los parques nacionales, aunque se seguirá haciendo lo que hasta ahora: control de poblaciones”. Para el que suscribe este artículo, qué mejor que la participación de los cazadores en los controles poblacionales en los espacios protegidos, como por ejemplo, algunos Parques Nacionales, ya que ello reduciría el coste de este servicio a las arcas públicas y podría contribuir incluso a su saneamiento. Por otro lado, supondría un reconocimiento a la función social del cazador.
La caza, como herramienta clave de control de las poblaciones de ungulados, es imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas. El buen estado de las cubiertas vegetales, la reducción de los daños a los cultivos, la contención de las enfermedades animales, e incluso la seguridad del tráfico rodado, dependen del equilibrio poblacional de especies como el ciervo, el corzo o el jabalí. Por otro lado, una gestión de las poblaciones de caza ordenada y social es un elemento generador de empleo, riqueza y desarrollo para el medio rural, y para darnos cuenta de ello, no hay más que visitar unas cuantas comarcas para ver cómo mucha gente vive sólo de eso.
Ambigüedades
Pero quizá, es mejor dejar las cosas en el lado de las ambigüedades, sin matices, que llamar al “pan pan” y al “vino vino”. Así no se tienen problemas con algunas organizaciones ecologistas.
Sin duda, más de uno de nuestros lectores se preguntará por qué los miles de rebecos, ciervos, machos monteses o jabalíes que es imprescindible y obligatorio abatir cada año no lo pueden hacer cazadores que dejen, como hasta ahora, grandes recursos para la economía de pueblos rurales deprimidos. Con la que está cayendo, entre todos pagaremos a un cuerpo de agentes forestales que no sólo no generan recursos sino que además repelen hacerlo.
¿Y qué pasará en las fincas privadas sitas en Parques Nacionales? Véase Cabañeros y Monfragüe, cuyo hábitat de monte mediterráneo en fincas cercadas le obliga a ejercer una presión anual a cérvidos y suidos que, de no hacerse, convertirían cada finca en un secarral de espanto.
Texto continuista
Sin duda, se ha aprobado por parte del Gobierno del PP un texto continuista, donde “la caza y la pesca comercial y deportiva”, sigue estando prohibida. Pero, díganme, qué entendemos por comercial y en qué casos una caza se considera deporte.
Varias asociaciones de cazadores, gestores del medio y la propia ONC han reclamado que se permita la caza dentro de los Parques Nacionales esgrimiendo razones tanto medioambientales como económicas. Algunas de estas razones se plasman en alegaciones. En ellas se habla en primer lugar de la contradicción existente en la propia normativa pues en algunos casos hablan de una prohibición de hecho y en otras de derecho.
Pero al margen de cuestiones legales y burocráticas, se argumenta la apertura de los Parques a la práctica cinegética en que ésta podría ayudar en algunos de los fundamentos en los que se basan estos territorios como la conservación de los sistemas naturales ya que el exceso de especies cinegéticas perjudica gravemente el medio en el que habitan. La caza actúa así como imprescindible control de las poblaciones de estas especies.
Según la ONC la prohibición de la caza en los Parques Nacionales se ha demostrado, más que inviable, claramente perjudicial para los fines del Parque, hasta el punto de que en estos espacios la Administración se ha visto obligada a seguir cazando, bien, en algunos casos, mediante ineficaces capturas en vivo, bien autorizando la caza en todos aquellos acotados que se hallan incluidos en el interior de los Parques Nacionales. Son ejemplos típicos los Parques Nacionales de Cabañeros y Monfragu??e, en los que la caza se viene practicando desde hace más de veinte años sin que los objetivos de estos Parques hayan sido afectados negativamente.
Por ello, la caza en estos espacios naturales protegidos se viene practicando y se seguirá practicando, si bien por los guardas o agentes forestales de medio ambiente, o personal contratado por la Administración (por ejemplo Parque Nacional de Sierra Nevada). Esa misma caza, es decir, ese mismo control de poblaciones se puede y debe llevar a efecto, y con mejores resultados, por los cazadores. Además, de esta forma la caza no solo se llevaría a efecto sin coste alguno para las Administraciones públicas, sino que daría lugar a los correspondientes ingresos por el pago, por parte de los cazadores, de permisos y autorizaciones, matrículas y gestión de acotados, etc.
Artículo publicado en la revista Desveda Nº26 de Marzo de 2014
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