La sentencia sobre el accidente del Prestige que lleva por fecha el 13 de noviembre de 2013, justo en el undécimo aniversario del desastre, es absolutamente decepcionante y una auténtica burla, porque no sólo no ha determinado responsabilidades respecto de otros responsables políticos del Gobierno o de la cadena de propietarios y gestores del buque, sino que ha absuelto a los que estaban acusados en el proceso, con la excepción de la corta condena de 9 meses para el capitán Apostolos Mangouras pero por un delito de desobediencia respecto de las autoridades españolas.
El Estado no logrará ni un euro de los más de 4.000 millones que había requerido para cubrir responsabilidades por el caso Prestige, al no encontrarse a los culpables del naufragio y del vertido sufrido; tampoco pagará nada, porque la decisión de alejar el barco herido no fue imprudente, según la sentencia de la Audiencia de A Coruña. Incapaz de hallar culpable alguno, el tribunal se limita a imponer una corta pena al capitán, Apóstolos Mangouras, por haber tardado en aceptar ser remolcado tras dar la alarma, sin trascendencia respecto a las indemnizaciones.
Llama la atención la enorme desproporción entre los medios empleados -10 años de investigación, 9 meses de juicio- y el resultado alcanzado. “Solo se han probado aspectos adjetivos de lo ocurrido, pero no los sustanciales desde la perspectiva del Derecho Penal”, argumenta el tribunal. Y se explica: se podrían haber investigado mejor algunos extremos, pero “no se ha hecho”; un análisis pericial integral del pecio tendría un coste “inasumible”; y “nadie” sabe con exactitud las causas de lo ocurrido.
Sin duda, nos encontramos ante el resultado de una sentencia decepcionante, porque no sólo no ha determinado responsabilidades respecto de otros responsables políticos del Gobierno o de la cadena de propietarios y gestores del buque, sino que ha absuelto a los que estaban acusados en el proceso, con la excepción ya citada de la corta condena de 9 meses para el capitán Apostolos Mangouras pero por un delito de desobediencia respecto de las autoridades españolas.
A pesar de que la sentencia reconoce el deficiente y precario estado del petrolero y que el control de la inspección realizada tiempo atrás por la empresa ABS no fue adecuado, los jueces no encuentran responsabilidades en ese ámbito. En mi opinión, si el estado del buque es notoriamente deficiente y se produce un accidente que ocasiona un grave vertido la responsabilidad debe atribuirse a quienes tuvieron la capacidad de tomar decisiones sobre la navegabilidad del barco, que no son otros que las empresas propietarias y el capitán.
Los responsables de su estado son los que han podido adoptar medidas para el cumplimiento de las medidas de seguridad que les hubieran podido imponer en las revisiones efectuadas, en la inversión en medidas de mantenimiento y mejora de la estructura y casco del buque, o en las propias revisiones realizadas, es decir, el armador, el fletador, el propietario o la compañía de inspección. El que la apertura del boquete se produjera por el temporal, por una ola gigante o por el colapso de un tabique de la estructura o por todos los factores a la vez, no es tan determinante como el estado previo del barco.
La lección de este resultado judicial es que el Estado Español carece de fuerza para exigir responsabilidades a los que realizan actividades peligrosas para el medio ambiente. La compañía BP tuvo que declararse culpable del vertido en el golfo de México frente a la Administración estadounidense, y el tribunal francés que juzgó el naufragio del petrolero Erika, que contaminó 400 kilómetros de costa, condenó a los responsables de la consiguiente marea negra. Sin embargo, el tribunal del Prestige no encuentra culpables de ensuciar 2.980 kilómetros de litoral. Queda en evidencia que solo los contribuyentes han sufragado la recuperación de la costa y que, en este caso, el que contamina no paga, porque la justicia no averigua de quién se trata.
La mayor catástrofe ambiental del Estado español y una de las mayores de Europa, con graves impactos ambientales y por supuesto también sociales y económicos, se salda por la justicia española con una sentencia vacía que es una auténtica burla y que no puede hacer otra cosa que llenarnos de indignación.
Por lo visto, el Prestige se hundió porque él quiso.
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Genial Julen!
¿Veremos algún dia un juicio por el envenenamiento del campo, la concentración parcelaria, los delitos ecológicos de la administración que tanto daño están haciendo a las especies autóctonas?
Si se produce, el resultado temo sería el mismo que el del prestige: «la perdiz roja se extinguió sola».
Un abrazo!