La demanda de espacios naturales como soporte de actividades de esparcimiento, turísticas y educativas está en la base de la Ley de Conservación de la Naturaleza aprobada por unanimidad por el Parlamento Vasco en 1994. El objetivo de la normativa conservacionista más importante existente en nuestra comunidad hasta ahora es tratar de buscar un equilibrio entre la protección medioambiental, el uso para el ocio de las áreas de interés y el desarrollo rural.
Euskadi ha sido una de las comunidades donde suelo y paisaje se han visto más degradados por el impacto de las actividades urbanísticas e industriales en el pasado siglo. Esta circunstancia ha hecho, no obstante, que, en compensación, exista una mayor preocupación por la naturaleza y que el retraso histórico que sufrimos en materia medioambiental se está recuperando con relativa rapidez.
Euskadi cuenta en la actualidad con siete parques naturales, cinco biotopos protegidos, más la reserva de la Biosfera de Urdaibai en Bizkaia y la zona húmeda de la Bahía de Txingudi en Gipuzkoa. A su vez cuenta con 57 espacios naturales incluidos en la Red ecológica europea Natura 2000. Así, el 20,3% de la superficie del territorio vasco es zona especial de conservación.
La red ecológica Natura 2000 será la referencia en Europa de todos los lugares de interés naturalístico, tanto por su valor como paisaje-ecosistema o por ser hábitat de aves silvestres. De hecho, cuando esté completa, Natura 2000 se configurará como un catálogo europeo de zonas de interés desde el punto de vista de la naturaleza y biodiversidad.
Pero la conservación de la naturaleza no es fácil, ni es por supuesto un problema de simple declaración de espacios protegidos. Así, nos encontramos que en Euskadi, la declaración de parques naturales hasta la fecha en algunos de ellos no ha estado exenta de rechazos y recelos de muchos agricultores y ganaderos afectados, que los han contemplado en no pocas ocasiones como un peligro para su economía y su forma de vidas tradicionales y no como un elemento de mejora y progreso para sus explotaciones. La mayor preocupación de la población rural ha girado sobre todo en torno a eventuales expropiaciones de terrenos y a las limitaciones en el uso de los mismos. Por ello, la participación y el control de la gestión de cada espacio protegido es otro capítulo importante del debate. Los propietarios agrícolas y ganaderos así como otros agentes sociales han criticado en repetidas ocasiones que los únicos órganos donde pueden hacer oír su voz, los patronatos, tengan un carácter meramente consultivo.
Hay que aceptar que la defensa de los ecosistemas impone restricciones inevitables, sobre todo en las actividades ganadera y forestal. Pero la compensación de estos perjuicios es una cuestión que ha resultado ser conflictiva, y aún en muchos casos todavía hay cosas pendientes de clarificar. En el caso de la Red europea Natura, son el Gobierno Vasco y las diputaciones forales los encargados de fijar las medidas de conservación y planes de gestión para cada uno de los 57 espacios que forman parte de la Red Natura, y evitar que en esas zonas se deterioren los hábitats naturales.
Sin duda, declarar áreas protegidas tiene sentido en la medida que todos los afectados y poblaciones de su entorno participen en la adopción de medidas y las asuman en la práctica. Este es uno de los grandes retos del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales.
Cargando...