El debate fundamental sobre la caza, permanentemente cuestionada en las últimas décadas, con fervientes partidarios y detractores radicales, se centra en los costos y beneficios ambientales y sociales que de ella se derivan.
A favor de la caza se esgrime que es un derecho inalienable de los pueblos que puede ser regulado pero no prohibido. Que ha permitido la conservación de espacios naturales porque los cazadores han actuado durante muchos años como garantes de su actual riqueza faunística. Que se limita a explotar un recurso natural renovable sin atentar contra el medio ambiente, regulando las poblaciones de animales silvestres en beneficio de la agricultura y de la regeneración forestal. Y que es económicamente rentable para los sectores público y privado, generando empleos fijos, jornales eventuales y ocupación del ocio para un sector importante de la población.
En su contra existen postulados éticos basados en que atenta de forma directa e indirecta, pero en cualquier caso gratuita, contra las especies protegidas y produce mortandades masivas entre las cazables. Además, limita el derecho de los no cazadores a disfrutar de la naturaleza y de una fauna bien conservada. También existen argumentos biológicos que responsabilizan a la caza de la extinción de 270 especies en los cuatro últimos siglos, de suponer un peligro real para la fauna amenazada a causa de los disparos, del empleo de medios ilegales de captura -especialmente venenos- y de la competencia por el mismo tipo de presas que se establece entre predadores y cazadores.
No pretendo valorar ahora cuál de los dos sectores en litigio tiene más parte de razón, aunque en mi opinión la cuestión está bastante clara. La realidad es que la caza existe. Es incuestionable que tiene en la actualidad un gran calado social en Euskadi y en el resto de las Comunidades Autónomas, que genera importantes ingresos en el mundo rural, que se trata de una actividad fuertemente normada y que tiene una clara incidencia sobre las poblaciones de las diferentes especies cinegéticas.
Si en algo coinciden prácticamente todos los sectores, es en la queja por los problemas que plantea la descentralización administrativa: las Comunidades Autónomas cuentan con cientos de normas de diverso rango que establecen diferentes tipos de terrenos, diferentes especies cinegéticas, diferentes períodos hábiles, diferentes modalidades de caza y distintas gradaciones y cuantías en las infracciones y sanciones. Sin lugar a dudas, esta “diversidad” normativa dificulta el escrutinio de su legalidad, así como el conocimiento de los derechos y obligaciones de los cazadores, además de implicar un plus de esfuerzo en la actividad investigadora.
Al ser esta “diversidad” una realidad, la atención debería centralizarse en la mejora de las diversas vías de cooperación y coordinación existente, como las Conferencias Sectoriales entre el Estado y las Comunidades Autónomas o la Comisión de Protección de Fauna, teniendo siempre y en todo momento puesta la mira en los que, sin duda, son los puntos normativos de referencia: los Convenios Internacionales de Bonn y Berna y, sobre todo, las Directivas Comunitarias de Aves y Hábitats.
Es mucha ya la información existente sobre índices de abundancia de las especies afectadas, e incluso se conocen las tendencias poblaciones de las especies. Puede afirmarse que en este momento, y en general, las especies de caza mayor parecen tender al alza, por ejemplo el corzo, mientras que las de caza menor lo hacen a la baja, al menos en algunas especies, como es el caso de la perdiz roja. No obstante, es especialmente importante que la información existente fluya de una manera dinámica y ágil, pues queda mucho por analizar, saber y conciliar. Por ejemplo, las relaciones entre la caza y la agricultura, algunas de cuyas prácticas -los períodos de recogida de cosechas o la utilización de plaguicidas-, deben ser tenidas en cuenta para valorar adecuadamente su incidencia en el estado poblacional de las especies, sobre todo las de caza menor.
Igual de importante es avanzar en el terreno de las buenas prácticas cinegéticas, tema sobre el que ya se están llevando a cabo diferentes experiencias y estudios, como el impulso de la investigación en el terreno cinegético no sólo desde el punto de vista científico, sino también, desde el económico, social y jurídico.
En definitiva, digamos sí a la caza, pero a la realmente legal, entendida como caza ajustada a los requerimientos del Derecho Internacional. Sí a la caza, pero racional y coordinada, teniendo en cuenta siempre las tendencias poblacionales y el estado de conservación de las especies cinegéticas, desechando visiones fragmentarias, producto de artificiales barreras administrativas. Sí a la caza, pero dialogada, intentando conciliar las diferentes posturas de los sectores implicados. No en vano se proyectan sobre la fauna que es, al fin y al cabo, patrimonio de todos nosotros.
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