La ley de Bienestar Animal de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha sido un coladero de la agenda ideológica animalista, pero además, abrirá de par en par las puertas de las subvenciones públicas a este tipo de asociaciones. Y mientras los españoles han perdido un 13% de poder adquisitivo y el Gobierno prohíbe subir la calefacción a los comerciantes para ahorrar, la ley considera obligatorio disponer de ambulancias para animales, veterinarios las 24 horas y establecimientos especializados a costa del erario público.
«Llevar a cabo esta ley supone un incremento de gasto tremendo aunque en la propia ley no se diga. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es que se generan organismos nuevos como el Consejo Estatal de Protección Animal y el Comité Científico y Técnico de la Protección y Derechos de los Animales», explica el veterinario Manuel Fuentes, que también es cetrero y miembro de Nostra Terra, una asociación sin ánimo de lucro que tiene como función principal promover la conservación de la riqueza natural de España.
Fuentes destaca que la ley no exige ningún tipo de cualificación para los miembros que van a integrar ese consejo y ese comité. «Cuando uno piensa en los dos comités, piensa en personas de relevancia en el mundo científico, pero no es así». Sus miembros serán representantes de los ministerios, comunidades autónomas y entidades locales, dirigidos por la persona que designe Ione Belarra.
El Consejo estará presidido por una persona del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con rango de Director General y estará integrado por representantes de los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla (…) así como representación de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Su composición concreta y sus funciones se determinarán reglamentariamente (…) garantizándose, en todo caso, la participación de las organizaciones profesionales y de protección de los animales más representativas. (Artículo 5.2 de la Ley de Bienestar Animal)
«Sólo habrá un miembro del Colegio de Veterinarios, cuya opinión y voto se diluirán entre los del resto de responsables políticos», denuncia Fuentes. «Tal y como está redactada la ley, en el consejo y el comité cabe todo el mundo, porque no estamos hablando de catedráticos o profesionales con experiencia. Eso sí, en el artículo 7 se hace hincapié en que debe haber una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Es una ley ideológica desde el principio hasta el final».
La ley también destaca que tendrá que garantizarse en todo caso «la participación de las organizaciones profesionales y de protección de los animales más representativas», es decir, lo lobbies animalistas: Faada, ANDA, AAP Primadomus y AnimaNaturalis. «Esta ley lo que intenta es clarísimamente es una vía de financiación para chiringuitos», afirma Fuentes.
Ambulancias, veterinarios e instalaciones especiales
La ley de Bienestar Animal también obliga a todos los Ayuntamientos, independientemente de su número de habitantes, a contar con un «servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria disponible las veinticuatro horas del día», es decir, un sistema sanitario de ambulancias, veterinarios y clínicas similar al de los humanos.
Corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realicen en colaboración con entidades de protección animal. (Art. 22.1)
Fuentes destaca que es «demencial» obligar a que los ayuntamientos dispongan de establecimientos habilitados para atender a cualquier animal: caballos, reptiles, anfibios, aves… «Esto demuestra que es una ley pensada exclusivamente para perros y gatos urbanos». También incide en que nuevamente la ley pide la colaboración con entidades de protección animal: «Es una coletilla que se repite a lo largo del texto continuamente y que persigue abrir vías de subvención a estas organizaciones para captar dinero público», señala Fuentes.
Castrar a las ratas
Uno de los aspectos más polémicos y controvertidos de la ley de Bienestar Animal es que obliga a los ayuntamientos a anteponer el control poblacional no letal de la fauna urbana, es decir, que ante una plaga, no pueden recurrir al exterminio.
Las entidades locales antepondrán el control poblacional no letal de la fauna urbana en sus planes de actuación en materia de protección animal garantizando los derechos de los animales (Art. 22.5)
«La posición de los lobbies animalistas es que, ante cualquier tipo de animal alóctono instalado en un ecosistema (los animales que no son originarios del lugar en que se encuentran), no se le debe matar, se debe esterilizar», explica Fuentes. «Están obsesionados con castrar, o controlar la población de forma no letal. Pero imagínate lo que puede suponer para un ayuntamiento con un problema de ratas el hecho de que les prohíban matarlas. ¿Y qué van a hacer? ¿Las capturas, las esterilizas y las vuelves a soltar? Ahora mismo les están atando de pies y manos en caso de una plaga».
Fuentes está convencido de que las personas que redactaron la ley estaban pensando en los estorninos u otras aves urbanas. Sin embargo, recuerda que las ratas, ratones, cucarachas, pulgas o garrapatas también son animales, y por lo tanto, estarían amparados por el «control poblacional no letal». Pero incluso aunque la ley se ciñese a ciertas especies de aves, la castración no siempre es efectiva, tal y como se demostró en Sevilla, escenario de una de las peores masacres ecológicas.
La masacre de nóctulos en Sevilla
En el parque sevillano de María Luisa se detectó en el año 2017 una colonia enorme de cotorras de Kramer, relata Fuentes. Allí también habitaba una población importante de nóctulos, unos murciélagos de gran tamaño que anidaban en el hueco de los árboles. Sin embargo, las cotorras, que competían por esos mismos huecos, comenzaron a matar a los murciélagos. Les destrozaban las alas y acaban con las hembras y las crías. La gente se dio cuenta del exterminio porque empezaron a aparecer nóctulos muertos por todas partes.
El Ayuntamiento decidió matar a parte de las cotorras, pero los animalistas pusieron el grito en el cielo y lo denunciaron. Tampoco se podían capturar porque no había un lugar donde poder conservar miles de cotorras. Se podían castrar, pero eso no iba a evitar la lucha por el territorio… La conclusión es que a día de hoy, el parque de María Luisa está plagado de cotorras y los nóctulos se han extinguido. Los animalistas prefirieron condenar a todos los murciélagos por no matar unas cuantas cotorras.
«Llevar la ley de Bienestar Animal a la práctica va a conllevar un gasto público», resume Fuentes. «Porque en esta ley hay dos pilares básicos: equiparar en el mismo plano a personas y animales y, en segundo lugar, generar unas formas de subvención para las asociaciones animalistas. Todo lo demás, gravita en torno a estas dos cuestiones»
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