El PSPV-PSOE y
el sindicato UGT han
calificado el proyecto de
modificación de la
Ley de Montes como
«la mayor
agresión ambiental
de los últimos
años» y han
anunciado la
presentación de una
proposición no de ley
a Les Corts con la
intención de frenar la
tramitación del nuevo
texto.
Según han
explicado en rueda de prensa
el portavoz socialista de
Medio Ambiente Francesc
Signes y el responsable de
Medio Ambiente en el sector
de administración
autonómica del FSP-
UGT PV, Javier Redomero, la
propuesta que se
presentará en Les
Corts será una
adaptación de la que
ya presentó el PSOE
en el Congreso.
Con respecto a la actual
legislación, Signes ha
indicado que la
modificación de la
Ley de Montes implica una
desregulación que
redundará en la
desprotección del
medio natural.
En concreto, ha criticado
la pérdida de la
condición de
policía judicial de los
agentes forestales y su paso
a la categoría de
auxiliar porque pierden
permisos para la
investigación y
persecución de delitos
ambientales y repercute de
forma negativa sobre su
seguridad.
Redomero ha hecho
alusión a la falta de
material e identificaciones
proporcionadas a los agentes
forestales y ha recordado las
agresiones de los paranyers
de Càlig
(Castellón) a agentes
en octubre del pasado
año al confundirlos con
ladrones.
Por otro lado, el
secretario general del
Sindicato de Agentes
Forestales y
Medioambientales del FSP-
UGT, Rubén Paz, ha
explicado que la
modificación de esta
ley podría dar lugar a
la eliminación de los
planes de gestión de
los terrenos forestales, que
recogen los usos y
aprovechamientos a realizar
en un monte.
Además, ha
indicado que tan solo un 5 %
de los montes clasificados
como públicos tienen
planes de gestión, y
ha expresado su
preocupación por la
«mercantilización
absoluta» de los mismos si
no se detiene la
reforma.
Asimismo, Paz ha
explicado que la ley vigente
hasta el momento obliga a
realizar planes de
gestión para todos los
montes privados, y que por
lo tanto estos espacios
podrían quedar sin
planificación tras la
reforma.
También ha
hecho referencia a la
eliminación de la
prohibición de la
recalificación de
montes públicos
afectados por incendios que
contempla la reforma legal,
frente a la prohibición
actual de cualquier cambio
de clasificación de
suelo quemado hasta
pasados los 30
años.
Por último, se ha
criticado la regulación
estatal en lugar de
autonómica de las
licencias de caza, por
mermar la
recaudación y
provocar la
«elitización» de esta
práctica.
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