Magnífico trabajo de la Fundación Artemisan. La caza en España es un sector económico de primer orden. Genera anualmente una actividad valorada en 6.475 millones de euros, lo que supone un 0,3% del PIB español y equivale a toda la riqueza creada por un sector tan potente como el del vino. Esta afición da empleo, entre trabajos directos e indirectos, a 186.758 personas, lo que equivale al 81% de la plantilla de la industria de la automoción.
Estas son algunas de las principales conclusiones del primer estudio sobre ‘El impacto económico y social de la caza en España’, elaborado por la consultora Deloitte por encargo de la Fundación Artemisa, el grupo de presión que engloba a las principales organizaciones de cazadores e industriales del sector. Como admitió el presidente de Artemisan, José Luis López-Schümmer, con el documento quieren cortar de raíz los ataques e insultos que recibe el colectivo, sobre todo desde las redes sociales, y reclamar, por contra, «el reconocimiento que se nos debe» por la importante contribución de este sector al desarrollo económico y social del país, al mantenimiento del medio rural, y a la conservación del medio ambiente. El estudio se presentó en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y varios de los principales responsables de este departamento asistieron al acto para dar su «respaldo total» a la actividad cinegética y a sus protagonistas, por su preservación del medio ambiente y por ser clave, destacaron, para frenar el despoblamiento rural.
En España hay 713.139 personas con licencia de caza que practican la actividad en unos 32.800 cotos asentados en 43,8 millones de hectáreas declaradas como de aprovechamiento cinegético, lo que representa nada menos que el 87% del territorio español. Más de la mitad de estos terrenos, en los que cada año se abaten 20 millones de piezas menores y 600.000 de caza mayor, están en las dos Castillas y Andalucía. La caza, de hecho, es el tercer deporte español con mayor número de federados, detrás del fútbol y muy cerca del baloncesto, y en Europa solo Francia supera su número de licencias.
El cazador tipo, según el estudio, es un hombre de 46 años o más, con empleo y estudios universitarios, que gasta anualmente unos 9.694 euros en su afición, que practica tanto caza menor como mayor en cotos, y que tiene como principales destinos Castilla-La Mancha (86%), Castilla y León (35%), Andalucía (34%), y Extremadura (33%). España es, además, como demostró la reciente visita de Donald Trump Jr., uno de los principales destinos de turismo cinegético del mundo, por la diversidad de especies y modalidades de caza.
Puestos de trabajo
El gasto anual directo de los diferentes agentes cinegéticos es de 5.470 millones de euros, en un 67% realizado por los propios cazadores, y su contribución el PIB equivale al 4% de la generada por la construcción o al 9% de la del sector financiero. La Administración también se beneficia de la actividad, pues recibe 614 millones anuales a través de tasas e impuestos.
De los puestos de trabajo que genera, 45.497 son empleos directos de los cotos y organizadores de cacerías y 141.261 indirectos. Un dato que destaca el estudio es que siete de cada diez puestos directos dan empleo a personas del mundo rural con nivel de estudios primario, que tendrían muy difícil su integración laboral sin esta actividad.
Inversión medioambiental Los propietarios y administradores de terrenos cinegéticos destinan anualmente unos 285 millones de euros a acciones de gestión y conservación de la caza y la fauna silvestre. En concreto, dedican 233 millones a repoblaciones e inversiones de conservación medioambiental y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, y a podas, cortafuegos y otras mejoras del monte.
La actividad de la caza y sus inversiones, recuerda el documento, deduce también de forma importante los accidentes de circulación y los siniestros agrícolas en el mundo rural. Evita la sobrepoblación de jabalíes y corzos, que son los responsables del 54% de los siniestros de tráfico causado por fauna silvestre, y también reduce los daños agrícolas, el 12% de los cuales son atribuibles a especies cinegéticas.
López-Schümmer, en su resumen del estudio, indicó que sin cazadores habría más accidentes de tráfico, crecerían los daños a las cosechas, se devaluaría la conservación de los espacios naturales, aumentarían los incendios forestales, se extenderían las enfermedades en el ganado, descendería el valor del patrimonio rural, y aumentaría la despoblación de estos pueblos, muchos de los cuales ya están cerca de su extinción.
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