Este sábado 22 acabará el periodo de alegaciones al borrador, que cuenta con la oposición frontal de todos los sectores implicados por su carácter restrictivo, en vez de ajustarse a la normativa europea. Según el Ministerio de Interior, los interesados en plantear alegaciones al Proyecto del nuevo Real Decreto dispondrán hasta el 22 de enero para realizarlas, ampliando así el trámite de audiencia del proyecto, “que no es definitivo y está condicionado a los cambios o modificaciones que se introduzcan para mejorar o aclarar su contenido regulatorio”. Interior también afirma que “La razón fundamental de la elaboración del nuevo Reglamento es la necesidad de transponer al ordenamiento jurídico español una Directiva de la Unión Europea, que ha establecido un nuevo marco regulador de la tenencia y uso de armas”. Pues al parecer hay marcos muy distintos, porque el borrador ha suscitado el rechazo de pleno de todos los sectores implicados desde la caza, el tiro deportivo, el sector productor y comercial armero, e incluso de miembros de fuerzas de seguridad, que consideran mucho más restrictivo e impropio el texto propuesto.
MENTIRAS. Si recordamos el proceso, el malestar entre el sector profesional ante los rumores de redacción de un nuevo reglamento que sustituyera al vetusto y obsoleto de 1993 eran patentes porque no se contaba con ellos y se temía lo peor. En verano, un grupo de medios especializados presentó “una mano tendida” a Interior para la redacción y en octubre los máximos responsables de la caza y tiro en España, con la Onc y federaciones al frente, tuvieron una reunión en Madrid al máximo nivel con la Comisión Interministerial encargada de la redacción, quienes aseguraron que no había texto y que, si lo hubiera, se crearía una comisión mixta para abordar el proyecto. El 30 de noviembre el BOE publicaba el borrador, “inexistente” justo unas semanas antes.
CONTROL. Para quien desconoce las armas deportivas, los cazadores y tiradores son el colectivo más vigilado de España. La renovación de las licencias o permisos es cada cinco años y para ello se consulta al Registro Central de Penados y Rebeldes, los conocidos “antecedentes penales”, al sistema de verificación de datos y residencia, al Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género, además de un examen psicotécnico. Salvo algún descerebrado, su incidencia en delincuencia es mínima, y más si se habla de más de un millón de aficionados. Eso sí, en cualquier situación, el primer pagano de fuertes sanciones o la pérdida de licencia es el cazador o tirador, algo que nadie ha rechazado. Pero el borrador endurece en fondo y formas hasta límites increíbles y, por supuesto, nada que ver con los parámetros europeos que se dice pretender alcanzar. Mucho más lógicos y razonables, sin obviar ni poner en peligro la seguridad ciudadana, que es lo que desde todos los ámbitos se pretende garantizar, y que algunos quieren cuestionar desde varios frentes, medios de comunicación incluidos.
RECHAZO. Las alegaciones están llegando estos días desde muchísimos particulares, algunos hablan incluso de varios miles, por supuesto cazadores y tiradores, hasta desde las principales entidades españolas.
El gerente de la Real Federación Española de Caza ya presentó sus alegaciones antes de navidad, el 23 de diciembre, pero el mayor texto seguramente sea el presentado este lunes pasado por la Oficina Nacional de la Caza, que agrupa a la mayoría de entes españoles implicados, con un total de 63 páginas detalladas de alegaciones al borrador, junto a una carta de Pedro Morrás, secretario de la Onc y también de la Federación Sectorial de Armas y Municiones, pidiendo una reunión al más alto nivel con los responsables ministeriales. Los ánimos están muy encrespados por este nuevo zarandeo, tanto en fondos como en formas, del gobierno contra la caza y al tiro deportivo y, en caso de no ser escuchados, nadie desestima volver a salir a la calle a manifestarse. De momento, aún quedan tres días para presentar más alegaciones.
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