El presidente de
la Federación de Caza
de Castilla y León,
Santiago
Iturmendi,achacó
ayer a la falta de relevo
generacional y a los estragos
de la crisis económica
el
???bajón???
en el número de
cazadores en la Comunidad.
Según
explicó Iturmendi
antes del inicio en
Ávila de la Asamblea
General de la
Federación
Autonómica, en
Castilla y León se ha
pasado de 170.000 a menos
de 100.000 cazadores
federados y no
federados.
En este sentido, el
presidente apuntó
que el número de
federados se ha visto
reducido a los actuales
16.000, cuando en 2005 esa
cifra se situaba en los
22.000.
«Nos falta relevo
generacional», insistió
el máximo
responsable de los cazadores
de la Comunidad, quien
opina que se trata de una
actividad que está
«demonizada y mal vista por
la sociedad», lo que ha
atribuyó a que «se
hace muchísima
demagogia, sobre todo desde
ciertos medios».
Y todo ello, pese a que
según Iturmendi,
desde «la clase
científica rigurosa» se
considera que la caza es «un
elemento regulador de las
poblaciones de
animales».
Junto a la falta de
jóvenes que se
incorporen a esta actividad,
Iturmendi también se
ha referido a los efectos que
la crisis ha tenido en la
bajada del número de
cazadores, especialmente
entre la gente mayor que «ha
ido colgando la
escopeta».
Desde su punto de vista,
los factores que han influido
en ello son «la escasez de
caza, la falta de facultades y
los precios de las licencias»,
de ahí que cada
año que hay que
renovar el permiso de armas,
muchos cazadores mayores
deciden no hacerlo.
A estos dos factores, el
presidente de la
Federación de Caza
de Castilla y León
añade «las
dificultades» que la propia
actividad cinegética
tiene para desarrollarse como
consecuencia de los «muchos
sectores que tiene en contra»
esperando que esto no
influya en el futuro de esta
actividad en Castilla y
León.
En este sentido, se ha
refirió a un secto al
que denominó
«anticaza», integrado desde
su punto de vista por los que
«no quieren que se cace
porque no les gusta, en
aplicación de unos
criterios que no son
democráticos». «A
nadie le obligan a cazar, pero
la caza es una actividad
reglada y nosotros tenemos
derecho a cazar», sostiene
Santiago Iturmendi, quien ha
hecho de esta frase un
«lema» dentro de la
Asamblea General de la
Federación.
Al respecto,
insistió en el
«derecho» del colectivo de
cazadores ha practicar esta
actividad, y a que las
relaciones tanto con la Junta
como con el Ministerio «sean
mejores», al mismo tiempo
que lamentó el hecho
de que las relaciones con la
Federación
Española estén
«prácticamente
rotas», tras un proceso
electoral en 2012 que la
Audiencia Nacional ha
obligado a repetir.