El presidente de la Oficina Nacional de Caza, Felipe Vegue, reclama la retirada la Ley de Protección y Derechos de los Animales y critica los agravios al sector y al mundo rural.
14 años después de llevarse a cabo la gran manifestación de cazadores, agricultores, ganaderos y otros sectores estrechamente vinculados con el medio rural o la actividad cinegética, las calles de Madrid serán de nuevo el escenario en el que miles de personas volverán a protestar contra el Gobierno. Si el 1 de marzo de 2008 los participantes reclamaban la retirada de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad con el lema ‘Por el campo, la caza y la conservación’, el próximo 20 de marzo de 2022 exigirán, entre otras demandas, la retirada de la futura Ley de Protección y Derechos de los Animales.
Aquella normativa que propició la movilización y que “le costó el puesto a Cristina Narbona que era la ministra de Medio Ambiente”, según recuerda Felipe Vegue, actual presidente de la Oficina Nacional de Caza, la Conservación y el Medio Rural (ONC), tiene un gran paralelismo como la próxima convocatoria. “Se vuelve a repetir lo que sucedió en 2008 y lo que vamos a reclamar ahora es la retirada de una Ley tremendamente populista que pretende despojar de sus derechos a los propietarios de animales y a la gente del mundo rural”.
El anteproyecto legislativo que propone sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez es, además, “totalmente partidista ya que responde a una nueva pseudoreligión que existe actualmente y en la que el mundo político dice al mundo rural cómo tiene que vivir”, sostiene Vegue. “Ahora no se habla ni de la casta ni de los derechos de los animales; aquí de lo que se habla es de supervivencia del mundo rural frente a las apetencias y creencias que tiene el mundo urbano”.
Condicionantes inaceptables
De hecho, su posible entrada en vigor establece condicionantes para los canes que son inaceptables para sus propietarios. La Ley prevé “la prohibición de las rehalas, la castración obligatoria de los animales para todo aquél que no sea criador homologado, se establece el núcleo zoológico para quien cuente con más de cuatro perros, se exige que le perro tenga como mínimo 18 meses para ser considerado como de utilidad o de trabajo, se exige su jubilación forzosa a partir de los siete años, se prohíbe que permanezcan solos más de cuatro horas en sus perreras… Son burradas que, en realidad, equiparan al animal con el ser humano”, describe el presidente de la ONC que además ocupa el mismo cargo en ARRECAL-Asociación de Rehalas Regionales Españolas Caza y Libertad.
La entrada en vigor de este tipo de normativas, similares en su concepción a las que están siendo tramitadas en las comunidades autónomas, incluida Euskadi, “han demostrado un sesgo de doble cara como ha ocurrido en La Rioja”.
Vegue explica que la norma “está afectando muchísimo más a aquellas personas que viven en las ciudades y tienen a los animales como mascotas, que a los de los cazadores, ganaderos, …” y apunta sobre el “grave peligro” de la futura Ley de Protección de animales de compañía que tramita el Parlamento Vasco, que “está mediatizada por el ‘mascoterismo’ en el que están inmersos muchos de los redactores de esa norma”.
La redacción del documento legislativo “por parte de quienes son desconocedores de lo que es un trato normal con los animales, tanto a nivel profesional, como deportivo, como de utilidad, permite comprobar en muchas ocasiones la rabia y las fobias de quienes viven con sus mascotas en el medio urbano”. Como ejemplo Vegue apunta que “además de no tener en cuenta el comportamiento que tienen los perros cuando desarrollan completamente sus instintos, la norma imposibilita conservar el tesoro genético que puede tener ya que exige su castración cuando tiene tres meses”.
Agravios
Además de rechazar la propia Ley, desde la ONC, entidad que se ha refundado hace un par de meses “para incorporar a los máximos representantes del sector en un reflejo de la unidad que necesita en estos momentos la actividad cinegética”, la movilización prevista para la próxima primavera servirá para rechazar “los agravios de los que somos objeto por parte del Gobierno”.
Los intentos de prohibir la caza de especies como la tórtola, la codorniz y la perdiz “que justifican desde el Gobierno en la falta de censos fiables”; la pretensión de prohibir en poco tiempo la utilización de perdigones de plomo “sin que exista por el momento una alternativa efectiva porque, por ejemplo, los de acero producen rebotes y pueden resultar muy peligrosos”; la prohibición de cazar en los Parques Nacionales, la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas; o la prohibición del silvestrismo, son interpretados como ataques a un sector de la población que ve cercenados sus derechos.
“Cuando las prohibiciones afectan tanto al mantenimiento de ciertas razas, lo único que se consigue es la extinción de las mismas” y defiende que “si los cazadores dejáramos de invertir en especies que hoy en día son objeto de caza, su subsistencia resultaría muy complicada, porque todo lo que se abandona se degrada”. Como ejemplo señala lo sucedido en Portugal, un país donde la caza es estricta y, sin embargo, está comprobado que los lobos que nacen en España y cruzan a ese territorio desaparecen”.
Vegue también alerta del peligro que este tipo de normativos suponen “para el futuro de autonomías como Extremadura y Castilla-La Mancha, o de pueblos en los que la caza es una verdadera industria”.
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