Las sociedades de la zona norte de Navarra rechazan la nueva Ley de Caza, ya que les impone la contratación de los servicios de un guarda. Este requisito, aseguran en una nota, ???obliga a los gestores de los cotos, que normalmente son las pequeñas sociedades locales, a una carga económica brutal que hace que muchas de ellas pasen a ser inviables para su gestión???.
Les reproduccimos el contenido de la carta íntegro:
«Las sociedades de caza de la zona norte de Navarra, a través de estas líneas queremos expresar nuestra disconformidad con la nueva ley de caza, la cual nos obliga a contratar los servicios de un guarda si queremos practicar la caza. Con esta ley se obliga a los gestores de los cotos de caza, que normalmente son las pequeñas sociedades locales, a una carga económica brutal que hace que muchas de ellas pasen a ser inviables para su gestión. En estos tiempos de crisis, vemos que con esta nueva implantación, estas sociedades van a tener que incrementar mucho las cuotas para poder hacer frente a estos pagos. Con la normativa actual, la elaboración de los planes cinegéticos, la contratación de seguros para hacer frente a cualquier contingencia entre ellas los daños producidos por animales, las diferentes tasas, suponen ya de por sí un gasto muy elevado que soportan las sociedades adjudicatarias de los cotos y si ahora nos obligan a contratar un guarda, los gastos se incrementaran en un 150 %.
Creemos también que los cotos cuentan con la vigilancia suficiente a través del SEPRONA de la Guardia Civil y de la Policia Foral y de los más de 110 guardas de Medio Ambiente y que si es necesaria la figura del guarda (a la cual no nos oponemos) el coste de esta debería ser sufragado por el Gobierno de Navarra y no por las Sociedades adjudicatarias de los cotos.
Queremos resaltar que las labores a realizar por los guardas las vienen haciendo hasta ahora las sociedades adjudicatarias de los cotos de manera autogestionada por lo que no entendemos la imposición de una persona a sueldo del acotado para que realice el mismo trabajo que hacemos nosotros sin coste alguno.
Por todo ello entendemos que la contratación de guardas debería ser voluntaria y estar en mano de los adjudicatarios de los cotos.
Compartimos las inquietudes de los guardas respecto a que en los cotos en los que están presentes no tienen autoridad suficiente, que tienen que escuchar muchas veces que les están dando de comer y no se les considera con el suficiente respeto, cosa que no sucedería si fueran funcionarios públicos. Criticando este tipo de actuaciones queremos resaltar que parece incongruente que contratemos y paguemos con nuestros fondos al encargado de vigilarnos y se le exija firmeza en el cumplimiento de su trabajo. Existe una expresión popular que por desgracia en estos tiempos que corren tiene más vigencia que nunca y que los políticos que nos gobiernan parecen conocer a la perfección que dice que ???no morderás la mano que te da de comer???.
Lo peor de todo esto, es que nadie explica nada del por qué se van a ver favorecidos un colectivo de personas, que con unos estudios mínimos (puesto que su formación se basa en un cursillo y un examen) van a acceder a un puesto de trabajo por imperativo legal, y no se hace lo mismo con gente mucho más formada. Por qué no hacer lo mismo con todos los licenciados que año tras año acaban sus carreras universitarias obligando a la contratación de médicos, biólogos, matemáticos, filósofos y a un largo etcétera de diplomados universitarios.
Este tipo de actuaciones no hace sino incrementar la sensación de que hay intereses particulares entre los que se han encargado de aplicar la ley y a la vista de todos los casos de ???amiguismo??? (por decirlo de manera suave y no hablar de prevaricación) no les debería resultar extraño que pensáramos en esa misma dirección.
Así mismo esta medida y el incremento económico que ella supone van a conseguir que entremos en una espiral de bajas masivas de cazadores en las sociedades con el consiguiente encarecimiento para los que se queden de manera que la gestión se hará inviable económicamente y nos veremos abocados a la devolución de la gestión del coto a los ayuntamientos».
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En relación al antepenúltimo párrafo, el texto tiene razón: únicamente un agente de la autoridad (funcionario) con autoridad (guarda o policía), es decir, no cualquier funcinario, puede tramitar una denuncia. Un guarda de los que habla el texto únicamente puede transmitir la información a un funcionario para que dé fe de las palabras del ???guarda??? e inicie un procedimiento sancionador.
En Gipuzkoa (no voy a señalar comarca) se han dado actitudes chulescas de guardas forestales que pretendían registrar coches, cuando lo único que pueden hacer es solicitar al propietario que les muestre el coche, si el propietario accede; si no quiere, el guarda lo único que puede hacer es llamar a la policía. Expongo esto porque ni siquiera los guardas tienen la misma autoridad que un policía.